La Cámara de Senadores debatía anoche el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública que ayer a la mañana fue aprobado por la Cámara de Diputados y que contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
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La Cámara de Senadores debatía anoche el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública que ayer a la mañana fue aprobado por la Cámara de Diputados y que contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
El oficialismo logró el quórum sin la presencia de la oposición que, sin embargo, no impidió que el Frente de Todos lograra los votos positivos de los dos tercios de los miembros presentes en el recinto que se requieren para debatir la cuestión sobre tablas.
El debate de la iniciativa estuvo interrumpido durante casi dos horas por pedido del interbloque de Juntos por el Cambio, cuyos miembros reclamaban que no habían podido leer el texto aprobado por la Cámara baja tras una sesión de más de veinte horas que terminó cerca de las diez de la mañana.
De hecho, el texto ingresó a la Secretaría Parlamentaria del Senado a las 15.50.
Antes de pasar al cuarto intermedio, la senadora oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti anunció que el presidente Alberto Fernández había notificado que ampliará el período de sesiones extraordinarias para discutir un proyecto que elimina las jubilaciones de privilegio en el Poder Judicial y en el cuerpo diplomático.
La cuestión previsional era uno de los principales pilares sobre los que se armó la estrategia de la oposición para votar en contra el proyecto que excluía de la suspensión de la movilidad jubilatoria a los regímenes especiales. El primero de los integrantes de Juntos por el Cambio que expresó su respaldo a la idea fue el radical Julio Cobos quien recordó que había presentado un proyecto de ley para eliminar las llamadas "jubilaciones de privilegio".
El proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo.
Los principales ejes son la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en los derechos de exportación de granos y oleaginosas (retenciones), y la suspensión de la movilidad jubilatoria. Se eximen de esta medida a las víctimas de la Ley Brisa, judiciales, docentes, ex funcionarios nacionales y científicos ya que ambos grupos tienen sistemas que garantizan un determinado ingreso con relación a los activos. "Es una oportunidad histórica para que dentro del Congreso de la Nación podamos discutir esta injusticia que sigue reinando en la Argentina", anunció Fernández Sagasti.