La aplicación del proyecto de ley para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil traería consecuencias negativas y debe estar sujeto con estudios previos, manifestó a El Tribuno de Jujuy Roberto Aragón, coordinador del área de Niñez y Adolescencia de la organización no gubernamental Andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales).
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La aplicación del proyecto de ley para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil traería consecuencias negativas y debe estar sujeto con estudios previos, manifestó a El Tribuno de Jujuy Roberto Aragón, coordinador del área de Niñez y Adolescencia de la organización no gubernamental Andhes (Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales).
Mencionó que tanto Andhes como otras ongs conformaron el espacio "No a la Baja Jujuy" que busca promover acciones concretas en contra de ese proyecto.
El anuncio que emitió hace días la ministra de Seguridad Patricia Bullrich abrió el primer debate nacional del 2019. Con opiniones diversas, como fue el del aborto, que dividen nuevamente a la sociedad. El principal punto de debate es establecer si la baja de imputabilidad a los 15 años será algo productivo o no.
El disparador fue el asesinato la semana pasada, en ocasión de robo, de
un adolescente de 15 años baleado en la cara por otro de su misma edad, en Flores, barrio natal del papa Francisco, que generó gran conmoción social.
"Los dichos de la ministra Bullrich nos llaman poderosamente la atención porque habla de un proyecto de ley que baja el mínimo de la edad de punibilidad y eso nos preocupa porque las condiciones que tienen que acompañar a esta discusión deben ser tomadas con tiempo, tras consultas con especialistas y procesos participativos", dijo Aragón.
En ese contexto aseguró que "se debe garantizar un diálogo para implementar esto con la participación de niños, niñas y adolescentes, y también organizaciones territoriales. Además debe responder a ciertos estándares internacionales de Derechos Humanos que son fundamentales como la Convención de los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing y otros instrumentos jurídicos".
"Estaría atentando contra los principios de la Convención de los Derechos de la Niñez, la Constitución Nacional y todo un corpus internacional que protege a los más chicos. Es fundamental recalcar que si se diera una reforma en el Sistema Penal Juvenil debe estar legitimada por principios como el de No Regresividad en materia de Derechos Humanos", añadió.
Sobre lo que se debería realizar antes de confeccionar una ley que modifique el sistema de responsabilidad penal juvenil el referente comentó que "hay que analizar la cuestión social y cómo impactaría una ley de ese tipo. Lo que haría es volver a estigmatizar un grupo de la sociedad y llevarlo con connotaciones negativas a un nivel de enemigo público en las representaciones sociales. Nos preocupa que se instale una relación directa entre niño y delito cuando las estadísticas no indican eso".
"La actividad delictual de niños y adolescentes es ínfima en planos generales. Hay que empezar a deconstruir mitos e imaginarios sociales que se instalan en un determinado grupo social con representaciones negativas", añadió.
Piden más presupuesto para políticas públicas
Roberto Aragón de Andhes remarcó que tendría que haber un mayor presupuesto destinado a políticas públicas de niñez y adolescencia, y mayor calidad en programas para ellos, “una ley tiene que contemplar todo lo que ellos necesitan para garantizar sus derechos. Hay una gran cantidad de niños y niñas que viven en situación de pobreza y eso es algo determinante que hay que tener en cuenta a la hora de plantear esta reforma”.
Afirmó además que el Estado argentino debe reconocer los derechos que se establecieron a nivel internacional sobre los niños y adolescentes. Los gobiernos provinciales también “deberían implementar e invertir en programas y políticas que garanticen una mejor calidad de vida para este grupo”.
También aseguró que se debe fortalecer el sistema de protección integral y “debe ser un pilar fundamental para sostener cualquier política pública y tener fundamentos sólidos que combatan problemas estructurales que cotidianamente se ven como la pobreza, la precarización, la violencia, etc”.
Por último, dijo que “es fundamental que la sociedad pueda repensar cuál es el lugar, la relación que se hace con respecto a los niños y adolescentes, hago un llamado a la reflexión y que tengan en cuenta que ellos vienen arrastrando problemas económicos, familiares, sociales que también posicionan a un Estado o Gobierno frente a cómo se tienen que resolver estas problemáticas”.
“No a la Baja Jujuy”
Una red provincial llamada “No a la Baja Jujuy” está compuesta por organizaciones sociales, políticas, sindicales, bibliotecas populares, colegios profesionales y centros populares. Tiene el fin de visibilizar la problemática de los adolescentes que tienen conflicto con la ley.
“No a la Baja Jujuy” tiene una posición tomada “claramente en contra con respecto al proyecto, queremos que se consolide una democracia participativa donde los niños, niñas y adolescentes sean protagonistas de esta historia“, manifestó Roberto Aragón. “Consideramos desde Andhes y las organizaciones que nos acompañan que esta reforma no debe incluir fundamentos que pretendan bajar la edad mínima de punibilidad y que el Estado siga las recomendaciones vertidas del Comité de Derechos de la Niñez de la ONU sobre el tema en cuestión”, concluyó.