El primer sindicato de trabajadoras sexuales creado en España reclamó ayer para su colectivo "los mismos derechos laborales" que el resto de los trabajadores, arremetiendo contra el gobierno socialista de Pedro Sánchez por querer impugnar su constitución.
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El primer sindicato de trabajadoras sexuales creado en España reclamó ayer para su colectivo "los mismos derechos laborales" que el resto de los trabajadores, arremetiendo contra el gobierno socialista de Pedro Sánchez por querer impugnar su constitución.
"Las trabajadoras sexuales merecemos los mismos derechos laborales que el resto de la sociedad española, ni uno más. Pero tampoco consideramos quedarnos con uno menos", afirmó la secretaria general del sindicato Otras (Organización de Trabajadoras Sexuales), Conxa Borrell.
En una improvisada rueda de prensa en Barcelona (noreste), Borrell llegó a reclamar la dimisión del gobierno que anunció el jueves su voluntad de impugnar el sindicato que había sido aprobado por su propia administración durante las vacaciones.
La abolición de la prostitución que defiende el ejecutivo de Sánchez "esconde una moralina y un odio visceral hacia las trabajadores sexuales", aseguró Borrell.
"Es posible que algunos con una posición acomodada en el gobierno enmascaren tras la intocable tela del feminismo blanco, hereosexual y burgués que demandar derechos laborales para un sector empobrecido y estigmatizado es una atrocidad", argumentó.
"Para nosotras, sin embargo, es de plena justicia", dijo, señalando que para su colectivo tener derechos laborales como un contrato, sueldo fijo, bajas por enfermedad o maternidad, vacaciones o jubilación es "una utopía".
El jueves saltó la noticia de que a principios de agosto el ministerio de Trabajo español había admitido la constitución del sindicato Otras, nacido de una asociación barcelonesa de profesionales del sexo llamada Aprosex.
El gobierno de Sánchez, que hizo del feminismo uno de sus principios con más mujeres que hombres en su gabinete, quedó sorprendido.
"Me han colado un gol por la escuadra", reaccionó el jueves la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, cuyo departamento inició los trámites de impugnación alegando que "la prostitución no es legal en España".
Actualmente en Europa, la prostitución es legal y está regulada en países como Holanda, Suiza, Austria o Alemania, país este último donde fue legalizada en 2002 por un gobierno socialdemócrata.
En España existe un vacío legal dado que no está legalizada ni prohibida si es libre y voluntaria.