Ante la sanción de la ley 6059 que regulara el servicio interjurisdiccional en la provincia surge otra inquietud, ya que los usuarios del transporte no fueron consultados para participar del proyecto de ley en su momento. De esa forma se les quitó la posibilidad de colaborar debido a que son los principales actores en el servicio.
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Ante la sanción de la ley 6059 que regulara el servicio interjurisdiccional en la provincia surge otra inquietud, ya que los usuarios del transporte no fueron consultados para participar del proyecto de ley en su momento. De esa forma se les quitó la posibilidad de colaborar debido a que son los principales actores en el servicio.
En los próximos días se iniciará la reglamentación de la ley 6059 sancionada en diciembre pasado por el bloque oficialista.
Desde las defensorías de usuarios señalaron ayer una serie de deficiencias de la ley impulsada por el secretario de Transporte Agustín Macedo que blanquea "lo ilegal a legal", el servicio interjurisidiccional que está regulado por leyes nacionales. La referente de Proconsumer en Jujuy, la abogada Claudia González, fue determinante ante la sanción de la ley. Dijo: "no conseguimos el proyecto de ley en la dirección de transporte, me dijeron mañana, pasado y no hubo manera de acceder al proyecto para realizar un aporte. Tampoco fuimos convocadas a charlas ni con ningún proyecto de la Secretaría de Transporte de la provincia a cargo de Agustín Macedo". Es decir que "no se habló con todos los sectores ni con centros vecinales, ni usuarios que no están representados. Tampoco se escuchó a la Cámara que nuclea las empresas de transporte, otro sector más afectado", explicó. Además, sostuvo que con la norma sancionada se reconoce a las personas que violan la ley abiertamente hace 13 años. "Creen haber adquirido un derecho, eso es imposible; pero se trata de compromisos de campaña que se pagaron con esa ley", afirmó. Así también, la abogada recordó que "la ley es el tiro en la frente del transporte legal porque las empresas de transporte tienen la obligación de transportar pasajeros sin cargo (policías, docentes y alumnos). En cambio el interjurisdiccional, alternativo, compartido sistema ilegal de transporte, no hacen ningún transporte gratuitamente". La abogada marcó la diferencia entre el servicio público y el privado. Además cuestionó el censo de 2015 que registra 700 vehículos. En este sentido González dijo que "están invitando a la gente que se presente, los que no estén en el relevamiento y la autoridad de aplicación decidirá si le dan licencia o no". La defensora de usuarios transmitió su preocupación y dijo que "algo que empezó ilícitamente contraveniendo la ley se comprometa ahora a cumplir con la ley de Defensa del Consumidor y con las leyes nacionales del transporte. Es decir, el transporte interjurisdccional está regulado por leyes nacionales, no es cualquier control". Además recordó que una situación similar fue cuando los taxis compartidos y el colectivo urbano de pasajeros empezaron a convivir en la capital. "Allí se plantearon los compartidos en lugares que no tenían frecuencia de colectivos; pero después hubo empresas que quebraron y le cobraron juicios millonarios por las perdidas que tuvieron", finalizó.
La Secretaría de Transporte no dio participación a los usuarios ni a centros vecinales de la provincia para opinar sobre la normativa.
