La fiscalía de Cámara en la jornada de ayer solicitó la pena de 22 años de prisión para la dirigente social Milagro Sala, luego de manifestar que ha quedado debidamente acreditado que actuó como la jefa de una asociación ilícita, que extorsionó y pergeñó un millonario fraude al estado.
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La fiscalía de Cámara en la jornada de ayer solicitó la pena de 22 años de prisión para la dirigente social Milagro Sala, luego de manifestar que ha quedado debidamente acreditado que actuó como la jefa de una asociación ilícita, que extorsionó y pergeñó un millonario fraude al estado.
La fiscal Liliana Montiel culminó con la producción de los alegatos y solicitud de pena sin la presencia de Sala, quien escuchó las acusaciones en un cuarto contiguo del Salón Vélez Sarsfield, donde se lleva a cabo el debate oral conocido comúnmente como "Pibes Villeros", porque acusó cierto malestar.
Hay que recordar que en esta causa llegaron a juicio 30 personas y el debate oral inició el pasado 24 de julio y luego de casi 5 meses de audiencias, en la jornada de ayer se conocieron los montos de penas que solicitó la fiscal, en representación de la Fiscalía de Cámara.
También la fiscalía solicitó la pena de 5 años de prisión para el esposo de Sala, Raúl Noro por hallarlo supuesto autor del delito de integrante de una asociación ilícita.
Para la diputada provincial Mabel Balconte y la concejal de San Pedro de Jujuy Marcia Sagardia, la fiscalía solicitó la pena de 9 años y 13 años respectivamente y ordenó el inmediato desafuero de las funcionarias.
Javier Nieva, una de las personas que integra el círculo íntimo de Sala, quien estuvo prófugo por más de 11 meses luego de ser imputado en esta causa, la fiscalía solicitó una pena de 15 años de prisión, por los supuestos delitos de fraude a la administración pública, extorsión y asociación ilícita.
Para las dirigentes sociales palpaleña María Graciela López y las hermanas María Sandra y Adriana Noemí Condorí, solicitaron las penas de 16 años (López), 15 años (María Sandra Condorí) y 14 años (Adriana Noemí Condorí) por los delitos de asociación ilícita, fraude al estado y extorsión.
Una pena de 10 años de prisión se solicitó para los exintegrantes de la cooperativa de trabajo "Pibes Villeros", Patricia "Pachila" Cabana, Iván "Diablo" Altamirano y Miguel Ángel Sivila por los delitos de asociación ilícita y fraude a la administración pública.
En tanto que para las otras integrantes del entorno íntimo de Milagro Sala, Mirta "Shakira" Guerrero, Mirta Aizama y Gladis Días, la fiscalía de Cámara pidió para Guerrero la pena de 13 años por los delitos de asociación ilícita y participación necesario de fraude y por la "peligrosidad" que representa por haber estado imputada en otras causas. En tanto para Aizama y Días, se solicitó la pena de 10 años para cada una por los mismos delitos de Guerrero.
Para el extitular del Instituto de Viviendas Lucio Abregú y el exvocal Social Pablo Tolosa Perea, la fiscalía solicitó la pena de 8 años para cada uno y para los empleados de Viviendas y de la Municipalidad de San Salvador Gustavo Martínez y el arquitecto Emilio Bustos, la fiscalía de Cámara solicitó la pena de 7 años para cada uno.
Además para los diez cooperativistas que han sido traído a juicio Olga Tufiño, Alberto "Beto" Cardozo, los hermanos Marcos Fernando y Marcelo Alejandro Almasana, Juan Manuel Nieva (hermano de Javier), Héctor Damián Lacci, Eduardo Sequeiros, Carlos Cruz, Joaquin Sala, Juan Manuel Aguilera (hijo de la diputada Balconte), se solicitó la pena de 2 años de ejecución condicional.
Para José "Peruano" Choque, quien fue sindicado como chofer de Noro y de Sala y había llegado a juicio acusado del delito de fraude, se pidió 4 años de prisión por el delito de encubrimiento agravado. Y para Raúl Aguilera (otro hijo de Balconte) se solicitó la absolución del delito por el que fue traído a juicio.
Además la fiscal Fernández de Montiel solicitó la inmediata detención para las personas que se les pidió más de dos años de prisión y el desafuero de las funcionarias Balconte y Sagardia.