Comunidades del pueblo Ocloya movilizaron para pedir que la Justicia investigue las amenazas de muerte al cacique Néstor Jerez. Fueron al Ministerio Público de la Acusación, a la Legislatura y a Casa de Gobierno para que se expidan sobre la violencia que, según dijeron, ejercen "terratenientes que incumplen medidas judiciales". Además las comunidades pidieron que se prorrogue la Ley nacional 26.160 que prohibe los desalojos en terrenos que ocupan ancestralmente y que vence en noviembre. En caso de no ser prorrogada, 350 comunidades se verían afectadas.
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Comunidades del pueblo Ocloya movilizaron para pedir que la Justicia investigue las amenazas de muerte al cacique Néstor Jerez. Fueron al Ministerio Público de la Acusación, a la Legislatura y a Casa de Gobierno para que se expidan sobre la violencia que, según dijeron, ejercen "terratenientes que incumplen medidas judiciales". Además las comunidades pidieron que se prorrogue la Ley nacional 26.160 que prohibe los desalojos en terrenos que ocupan ancestralmente y que vence en noviembre. En caso de no ser prorrogada, 350 comunidades se verían afectadas.
El titular del MPA, Sergio Lello Sánchez, recibió el petitorio y les informó que se están realizando todas las actuaciones sobre los hechos denunciados. Jerez recordó que el jueves último, el ayudante fiscal Rodolfo Fernández realizó un recorrido por el territorio y habría constatado la existencia de vainas de balas de plomo, y de un polígono de tiro de los hombres que atacaron a Jerez, según las denuncias. "Me tiraron una camioneta, hicieron tiros, es decir tenemos una muerte anunciada y por ello pedimos que la justicia actúe urgente", dijo Jerez.
El tema de fondo es el desalojo de las comunidades, cuando ellas son poseedoras ancestrales de esas tierras. Además desde 2010 tienen una medida cautelar de no innovar de la Justicia que los denunciados "incumplen y violan constantemente", por lo que están reiterando las presentaciones.
En la Legislatura el presidente del bloque del Fuyo, Juan Manuel Esquivel, recibió a los dirigentes de las comunidades, y se puso a disposición para colaborar por la situación que atraviesan, y ser voz de sus inquietudes en el recinto y a informar sobre el trabajo de la Comisión de Pueblos Indígenas. Además, el legislador se ofreció de ser mediador para que el presidente de la Legislatura reciba el petitorio, pero no fue posible porque ya se había retirado. La misma situación ocurrió en Casa de Gobierno donde no había ningún funcionario que recibiera el petitorio.
Prórroga de la ley
El 4 de setiembre viajará una comisión de comuneros a Buenos Aires a solicitar a legisladores que se trate la prórroga de la Ley 26.160 de orden público. Las comunidades se declaran en asamblea permanente este 2 de setiembre en calle Amapola 660, del barrio Chijra, que será abierta y a la que invitaron a los demás pueblos indígenas de Jujuy a consensuar los pasos a seguir.
Vale recordar que en la asamblea del viernes las comunidades realizaron una exposición de los diferentes conflictos que atraviesan, como la explotación minera en territorios y escasez de agua, entre otros. "Vemos que las políticas están desprotegiendo nuestro patrimonio", dijo Jerez.