El juez federal Claudio Bonadio procesóayer al diputado nacional y exministro de Planificación Federal Julio De Vido por defraudación a la Administración Pública y administración fraudulenta en una causa que investiga millonarios pagos de subsidios al gasoil a empresas de colectivos entre 2003 y 2014.
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El juez federal Claudio Bonadio procesóayer al diputado nacional y exministro de Planificación Federal Julio De Vido por defraudación a la Administración Pública y administración fraudulenta en una causa que investiga millonarios pagos de subsidios al gasoil a empresas de colectivos entre 2003 y 2014.
Además dictó un embargo por mil millones de pesos sobre los bienes de De Vido.
Se trata de la causa por la que la semana pasada Bonadio citó a declaración indagatoria a 251 empresarios y directivos de líneas de transporte automotor, entre ellos los responsables del grupo Plaza, la familia Cirigliano.
Ahora el magistrado procesó y embargó a De Vido junto a otros exfuncionarios públicos que debían controlar los multimillonarios pagos de subsidios hechos a las empresas por el gasoil, calculados en base a informes sobre kilometraje de las unidades que para la Justicia era adulterado, una operación que rigió desde julio de 2003 a marzo de 2014.
Los otros procesados con embargos de hasta 900 mil pesos son los exsecretarios de Transporte Alejandro Ramos, Ricardo Jaime -actualmente detenido- y Juan Pablo Schiavi, además de Pedro Ochoa Romero, Antonio Sícaro y Roque Lapadula, exinterventores de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Automotor.
De Vido, quien fue ministro de Planificación Federal durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, fue procesado sin prisión preventiva, como coautor de "defraudación contra la administración pública" y por "administración fraudulenta".
Como a los demás acusados, el juez le impuso la obligación de presentarse en su juzgado el primer día hábil de cada mes y notificarse en persona de esta decisión en las próximas 72 horas hábiles.
"Es innegable que el entonces ministro pudo detener la entrega ilegal de subsidios en cualquier momento de esos casi diez años que duró la actividad ilegal bajo su mandato, ya que era él la autoridad superior que debía velar por esos bienes", sostuvo. "Partiendo de dicha premisa, puede deducirse que, de haber realizado la conducta debida, el perjuicio a las arcas del Estado Nacional no se habría producido". puntualizó.
En la investigación Bonadio calculó que hubo un perjuicio al Estado Nacional por 609.326.186,25 pesos pagados de más a las empresas de transporte público automotor que habrían adulterado el kilometraje de sus unidades, entre otras maniobras.
"Durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían", explicó.
Stornelli insiste
El fiscal federal Carlos Stornelli apelará en las próximas horas la decisión del juez Luis Rodríguez de denegar el desafuero, la detención y la indagatoria del diputado Julio De Vido en el marco de una causa en la que se investiga una presunta maniobra de desvío de fondos en Río Turbio. Stornelli buscará que se rechace la denegación de Rodríguez a su pedido, mientras la causa continúa en secreto de sumario a la espera de medidas que adopte el juzgado.