El polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aplicó el 2 x 1 en un delito de lesa humanidad fue repudiado ayer por los organismos de derechos humanos de Jujuy, también realizaron anoche una marcha expresando su malestar.
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El polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aplicó el 2 x 1 en un delito de lesa humanidad fue repudiado ayer por los organismos de derechos humanos de Jujuy, también realizaron anoche una marcha expresando su malestar.
Destacaron que "representa un retroceso en las políticas de derechos humanos" y resaltaron que es un fallo "a consecuencia del desamantelamiento de los programas para la continuidad de los procesos judiciales por delitos de tortura, tormentos, homicidio, violaciones, apropiación de niños y delitos económicos, en el marco de causas durante la última dictadura cívico militar".
La titular de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy y víctima del terrorismo de Estado, Inés Peña, repudió el fallo "perverso" de la CSJ que otorga el beneficio de pronta libertad a los genocidas que fueron juzgados y condenados en juicios justos en Argentina. "Esta medida nos causa mucho dolor y preocupación porque les otorga la libertad de andar en las calles y nosotros podemos ser víctimas nuevamente del miedo y el terror. Estamos seguros que no nos reconciliamos con los genocidas porque han cometido delitos atroces y aberrantes que no merecen perdón, sí merecen la justicia, condena perpetua en cárceles comunes y efectiva", sostuvo. Agregó que "este atropello judicial no nos hará bajar los brazos y seguiremos luchando y exigiendo no solamente a los responsables de estas leyes sino que pediremos ayuda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
Eva Arroyo, referente de Hijos Jujuy, resaltó que "el Poder Judicial tiene la obligación de garantizar la integridad física y psicológica de los testigos, que no sientan que están en peligro si denuncian a sus victimarios, ¿o acaso quieren otro Julio López? Liberar a genocidas es implementar el terror nuevamente. Es de una perversidad sin límite".
María José Castillo, abogada en causas por delitos de lesa humanidad, dijo que "nos sorprendió, no era esperable más allá del retroceso en políticas de derechos humanos. Esto nos alarma" y marca un precedente gravísimo.