Referentes de organizaciones nacionales indígenas anunciaron una campaña por la institucionalización del derecho al consentimiento libre, previo e informado en las Américas. Plantearon que desarrollan una movilización popular interna y por otro una diplomática, con herramientas para justificar y defender jurídicamente la noción de los pueblos indígenas como decisores en torno a la producción minera.
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Referentes de organizaciones nacionales indígenas anunciaron una campaña por la institucionalización del derecho al consentimiento libre, previo e informado en las Américas. Plantearon que desarrollan una movilización popular interna y por otro una diplomática, con herramientas para justificar y defender jurídicamente la noción de los pueblos indígenas como decisores en torno a la producción minera.
Buscan defender jurídicamente la noción que los pueblos indígenas pueden normar ellos mismos sus procesos de toma de decisiones.
Mónica Yriart, doctora jurídica y antropóloga especializada en derechos indígenas y directora de la Campaña para el protocolo indígena sin consentimiento libre visitó la provincia a fin de completar enlaces con el centro y norte del país.
"La campaña junta un poder popular indígena cono poder jurídico indígena con un poder diplomático indígena para desatar una organización de gran magnitud, y aliarse con las instancias de derechos humanos, tanto en las Naciones Unidas como en el sistema interamericano para hacer que los Estados hagan valer el derecho y actuar en conformidad del estado de derecho que no es la situación actual", precisó Yriart.
Recordó que el derecho al consentimiento libre rige en Argentina a través del artículo 7.522 de la Constitución, y en instancias internacionales jurídicamente en vigor, "pero es sistemáticamente violada. Esas son violaciones de derechos humanos graves, sistemáticas y a gran escala", aseguró. Consideró que deben activar al comisionado y el Consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas.
Por su parte, el titular y coordinador de la organización de la Mesa Nacional de Pueblos Indígenas de diálogo político y trabajo con el Estado Nación, José Cuenca Cruz, recordó que participó de la asamblea de las comunidades indígenas libres con autoridades de distintos pueblos de la laguna Guayatayoc, Salinas Grandes, otras de Quebrada y Puna, y de comunidades urbanas.
Su misión fue observar la aplicación de derechos indígenas del Estado provincial hacia las comunidades.
Anunció que prevén auto-convocarse para definir políticas a nivel país, en Chubut y Río Negro donde habrá movilización del pueblo mapuche tehuelche.
Marcha en Río Negro
Recordó que están marchando en Río Negro a Viedma en rechazo a la ley, que consideran que violan derechos indígenas.
"En ese sentido la Mesa Nacional va a apoyar las decisiones políticas comunitarias que tomen todas las autoridades de la región", afirmó el referente.
En tanto, Ramón Suárez Vásquez, creador de la Guardia de Emergencia Nacional Independiente de la República Argentina, expresó su rechazo a la actividad minera y anunció que están haciendo un monitoreo, vigilando y clasificando a las comunidades que permiten la explotación minera.
Dijo que realizaron acciones penales en Tucumán y están logrando desplazar la actividad, y estimó que en Jujuy deben lograr firmeza para obtener un resultado similar.
