Un verdadero escándalo desató en la provincia la viralización en las redes sociales de una conversación entre un abogado que sería asesor del Ministro de Infraestructura y el propietario de una empresa constructora, durante la cual el primero de ellos insta al empresario a “arreglar” rápidamente la situación de cuatro expedientes investigados en el Ministerio por obras supuestamente pagadas y nunca realizadas. Ese abogado manifiesta haber sido “mandado” a realizar el acuerdo, y asegura como contraparte, tener la posibilidad de maniobrar con los cuatro expedientes con dictamen desfavorable del Secretario de Infraestructura del gobierno Pablo Civetta, antes que los mismos sean elevados a la Oficina Anticorrupción, y finalmente enviarlos al archivo “con número cambiado” para que “no los encuentren nunca”. El empresario –que sería el propietario de Inber Construcciones SRL- niega en todo momento las irregularidades expuestas y se compromete a su vez, a acercar documentación respaldatoria de sus dichos. Enterado el Gobernador de la Provincia, que se encuentra en la ciudad boliviana de Tarija, dio precisas instrucciones que se abran los sumarios y las investigaciones administrativas que sean necesarias para dejar totalmente aclarado el episodio. En el mismo sentido se expresaron ayer autoridades del bloque de legisladores provinciales, y autoridades de la Unión Cívica Radical, quienes exigen acciones para el correspondiente desligue de responsabilidades. A media tarde, la Fiscalía Anticorrupción, que conduce Joaquín Millón Quintana,impuesta de la situación que la involucra, emitió un comunicado en el que anuncia que trabajaba en la redacción de una denuncia penal que se presentaría ayer mismo, ante el juez de turno.
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Un verdadero escándalo desató en la provincia la viralización en las redes sociales de una conversación entre un abogado que sería asesor del Ministro de Infraestructura y el propietario de una empresa constructora, durante la cual el primero de ellos insta al empresario a “arreglar” rápidamente la situación de cuatro expedientes investigados en el Ministerio por obras supuestamente pagadas y nunca realizadas. Ese abogado manifiesta haber sido “mandado” a realizar el acuerdo, y asegura como contraparte, tener la posibilidad de maniobrar con los cuatro expedientes con dictamen desfavorable del Secretario de Infraestructura del gobierno Pablo Civetta, antes que los mismos sean elevados a la Oficina Anticorrupción, y finalmente enviarlos al archivo “con número cambiado” para que “no los encuentren nunca”. El empresario –que sería el propietario de Inber Construcciones SRL- niega en todo momento las irregularidades expuestas y se compromete a su vez, a acercar documentación respaldatoria de sus dichos. Enterado el Gobernador de la Provincia, que se encuentra en la ciudad boliviana de Tarija, dio precisas instrucciones que se abran los sumarios y las investigaciones administrativas que sean necesarias para dejar totalmente aclarado el episodio. En el mismo sentido se expresaron ayer autoridades del bloque de legisladores provinciales, y autoridades de la Unión Cívica Radical, quienes exigen acciones para el correspondiente desligue de responsabilidades. A media tarde, la Fiscalía Anticorrupción, que conduce Joaquín Millón Quintana,impuesta de la situación que la involucra, emitió un comunicado en el que anuncia que trabajaba en la redacción de una denuncia penal que se presentaría ayer mismo, ante el juez de turno.
