El Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) de Brasil abrió una investigación contra nueve ministros del gobierno del presidente Michel Temer, tres gobernadores y 71 parlamentarios, entre ellos los jefes de Cámara de Diputados y el Senado, a raíz de las delaciones de 77 ejecutivos de la constructora Odebrecht que confesaron haber corrompido a agentes públicos y financiado ilegalmente campañas políticas.
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El Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) de Brasil abrió una investigación contra nueve ministros del gobierno del presidente Michel Temer, tres gobernadores y 71 parlamentarios, entre ellos los jefes de Cámara de Diputados y el Senado, a raíz de las delaciones de 77 ejecutivos de la constructora Odebrecht que confesaron haber corrompido a agentes públicos y financiado ilegalmente campañas políticas.
La decisión, informada el martes a última hora por la agencia de noticias Estado, fue tomada por el juez Edson Fachin, encargado en el Supremo Tribunal de la operación Lava Jato, que investiga el desvío ilegal de fondos multimillonarios de la petrolera estatal Petrobras a través de varias contratistas, entre ellas Odebrecht.
Temer no está en la investigación pese a que es acusado por dos delatores de pedir dinero en forma ilegal, ya que el jefe del Estado no puede ser juzgado por delitos anteriores a su mandato, aunque sí podrá serlo apenas deje el cargo.
En cambio, aparecen los dos primeros en la sucesión presidencial, Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, del partido conservador Demócratas, y Eunicio Oliveira, jefe del Senado, del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (Pmdb, gobernante).
Cinco investigaciones fueron abiertas contra los senadores Aecio Neves y Romero Jucá. Neves fue candidato presidencial y es el titular del Partido de la Social Democracia Brasileña (Psdb, principal aliado del Pmdb) y Jucá es el jefe del partido de gobierno.
Ambos están investigados por haber recibido presuntamente varios millones de dólares en sobornos provenientes de obras públicas que luego se tradujeron en donaciones electorales.
Neves, candidato presidencial en 2014, denunció a la destituida presidenta Dilma Rousseff, quien lo derrotó ante la Justicia electoral, por abuso de poder económico.
El senador es el dirigente con más pedidos de investigación: cinco, mas otros para su publicista de campaña y su sucesor en el cargo, Antonio Anastasia, instructor del juicio político contra la exmandataria.
Jucá fue acusado por ejecutivos de Odebrecht de cobrar alrededor de 1,3 millón de dólares a cambio de su apoyo para aprobar una ley.
Estas investigaciones involucran también al canciller Aloysio Nunes y a otros ocho ministros del equipo de Temer.
Los más comprometidos son el jefe de gabinete, Eliseu Padilha, y el secretario general de la presidencia, Wellington Moreira Franco, acusados de pedir y transportar dinero de sobornos de Odebrecht para las campañas del Pmdb.
Otros ministros investigados son Blairo Maggi, de Agricultura; Roberto Freire, de Cultura; Marcos Pereira, de Industria; Gilberto Kassab, de Ciencia y Tecnología; Helder Barbalho, de Integración Nacional, y Bruno Araújo, de Ciudades, conocido por haber emitido el voto 342 que el año pasado dio curso al juicio político a Rousseff en la Cámara de Diputados.
Nada puede paralizar el Gobiern
El presidente de Brasil, Michel Temer, remarcó ayer que “nada puede paralizar” al gobierno, en aparente referencia a la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de investigar a ocho de sus ministros y a un centenar de políticos.
“En las eventuales divergencias o interpretaciones equivocadas, quien dará la palabra final será la Justicia. Pero lo que no podemos hacer jamás es paralizar al Gobierno”, remarcó Temer, casi con idénticas palabras, en dos actos públicos.
El mandatario se limitó a reseñar las funciones de cada poder del Estado: “El Gobierno ejecuta, el Congreso legisla y el Poder Judicial juzga”, pero “nada puede paralizar” al Ejecutivo.
Temer no se refirió directamente a la decisión del juez Luiz Fachin, instructor del caso Petrobras en la Corte Suprema, que autorizó el inicio de sendas investigaciones contra un centenar de políticos, entre los cuales figuran ocho ministros del actual Gobierno.
Hace unas semanas, ante la inminencia de esa decisión judicial, Temer anunció que no pretende destituir a ninguno de sus ministros por el hecho de ser investigado, aunque sí lo haría si las acusaciones son aceptadas por los tribunales.
En uno de los actos, Temer estuvo acompañado por el ministro de Industria y Comercio Exterior, Marcos Pereira, uno de los ocho miembros de su gabinete que pasarán a ser investigados por presunta corrupción por el Ministerio Público.
Es un escenario muy complicado
El caso supone un terremoto en la cúpula del gobierno de Michel Temer, que busca apoyo para llevar adelante sus más importantes proyectos estructurales de la vida económica del país: la reforma de las jubilaciones y el fin de la legislación laboral actual.
El Partido de los Trabajadores (PT, opositor) tiene 21 legisladores bajo la nueva investigación del instructor Fachin, entre ellos el senador Jorge Viana, pieza clave para la interlocución de la oposición con la coalición que respalda al presidente Michel Temer.
Una vez terminada la investigación en base a las delaciones premiadas, deberán cotejarse con pruebas las acusaciones de los ejecutivos de la construcctora Odebrecht.
Otras centenas de personas deberán ser investigadas en la primera instancia, por ejemplo con el juez Sergio Moro, con quien inició la operación Lava Jato en 2014 y que provoca hasta el día de hoy una crisis política y económica de resolución que parece infinita.
40 millones de reales para Lula
El empresario condenado Marcelo Odebrecht dijo a la justicia que la empresa constructora Odebrecht reservó 40 millones de reales (13 millones de dólares) para hacer donaciones y negocios vinculados al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a partir de 2010, aunque aclaró que el exmandatario nunca pidió dinero.
La declaración se encuentra en la confesión que realizó Odebrecht ante el juez Sérgio Moro, de la Operación Lava Jato, en la causa en la que se investiga al exministro de Economía de Lula, Antonio Palocci.
La declaración está incluida en el vídeo divulgado por Moro sobre el testimonio que hizo Odebrecht ante el juez Moro en la causa en la cual el detenido Palocci está acusado de ser interlocutor en la recepción y pedido de donaciones ilegales de campaña para el Partido de los Trabajadores (PT).
