El ex vicepresidente Amado Boudou fue aceptado por la Cámara Federal porteña como querellante en la causa en la que se investiga la filtración de las imágenes de su detención, en las que se lo ve en pijama y descalzo dentro de su departamento de Puerto Madero.
El fallo fue adoptado por la sala II del tribunal de apelaciones, que revocó la decisión del juez de primera instancia Sebastián Ramos, quien le había negado al ex funcionario kirchnerista la posibilidad de ser querellante y lo había citado a declarar en calidad de testigo.
El propio ex vicepresidente había denunciado que el 3 de noviembre, cuando fue detenido, los prefectos que estuvieron a cargo del operativo lo habían "obligado a posar" para las fotos y que le refirieron que lo hacían porque cumplían "órdenes".
“Fui obligado a posar en fotografías infamantes que fueron divulgadas a los medios de prensa", escribió el ex vicepresidente detenido por supuesto lavado de activos en el marco de la causa en su contra por enriquecimiento ilícito.
Cuando le negó la posibilidad de ser querellante, Ramos sostuvo que no estaban dadas las condiciones para ello, como "una lesión a que se refiera la ley o leyes penales de que se trate la denuncia, y la relación directa entre el hecho planteado y los damnificados, cuestión que en el caso no se da".
Sin embargo, en el fallo de hoy al que accedió Télam, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun sostuvieron que "la hipótesis alegada por Boudou alcanza a revelar la existencia de un perjuicio directo que lo habilita a obtener legitimación activa".
Por esta causa hay cuatro miembros de la Prefectura Naval fueron imputados, aunque la investigación no está circunscripta exclusivamente a ellos sino que podría alcanzar también a funcionarios que hubieran intervenido vía telefónica en el operativo.
La denuncia de Boudou había caído originalmente en el juzgado a cargo de Julián Ercolini, pero se acumuló a otra presentada por el abogado especialista en Derechos Humanos Marcelo Parrilli.
Parrilli había denunciado el que 3 de noviembre, instantes después de la detención del ex vicepresidente en su departamento de Puerto Madero, se difundieron "ilegalmente" las fotos y videos del momento de su aprehensión.
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El ex vicepresidente Amado Boudou fue aceptado por la Cámara Federal porteña como querellante en la causa en la que se investiga la filtración de las imágenes de su detención, en las que se lo ve en pijama y descalzo dentro de su departamento de Puerto Madero.
El fallo fue adoptado por la sala II del tribunal de apelaciones, que revocó la decisión del juez de primera instancia Sebastián Ramos, quien le había negado al ex funcionario kirchnerista la posibilidad de ser querellante y lo había citado a declarar en calidad de testigo.
El propio ex vicepresidente había denunciado que el 3 de noviembre, cuando fue detenido, los prefectos que estuvieron a cargo del operativo lo habían "obligado a posar" para las fotos y que le refirieron que lo hacían porque cumplían "órdenes".
“Fui obligado a posar en fotografías infamantes que fueron divulgadas a los medios de prensa", escribió el ex vicepresidente detenido por supuesto lavado de activos en el marco de la causa en su contra por enriquecimiento ilícito.
Cuando le negó la posibilidad de ser querellante, Ramos sostuvo que no estaban dadas las condiciones para ello, como "una lesión a que se refiera la ley o leyes penales de que se trate la denuncia, y la relación directa entre el hecho planteado y los damnificados, cuestión que en el caso no se da".
Sin embargo, en el fallo de hoy al que accedió Télam, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun sostuvieron que "la hipótesis alegada por Boudou alcanza a revelar la existencia de un perjuicio directo que lo habilita a obtener legitimación activa".
Por esta causa hay cuatro miembros de la Prefectura Naval fueron imputados, aunque la investigación no está circunscripta exclusivamente a ellos sino que podría alcanzar también a funcionarios que hubieran intervenido vía telefónica en el operativo.
La denuncia de Boudou había caído originalmente en el juzgado a cargo de Julián Ercolini, pero se acumuló a otra presentada por el abogado especialista en Derechos Humanos Marcelo Parrilli.
Parrilli había denunciado el que 3 de noviembre, instantes después de la detención del ex vicepresidente en su departamento de Puerto Madero, se difundieron "ilegalmente" las fotos y videos del momento de su aprehensión.