La jueza de la Audiencia Nacional de España Carmen Lamela ordenó ayer el ingreso a prisión sin fianza del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros del gobierno independentista destituido, tras tomarles declaración como imputados por delitos de rebelión, secesión y malversación de fondos por su frustrado plan de secesión de Cataluña.
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La jueza de la Audiencia Nacional de España Carmen Lamela ordenó ayer el ingreso a prisión sin fianza del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros del gobierno independentista destituido, tras tomarles declaración como imputados por delitos de rebelión, secesión y malversación de fondos por su frustrado plan de secesión de Cataluña.
A pedido de las defensas de los acusados, el juez les otorgó una semana para preparar sus estrategias.
La medida, cuyas consecuencias políticas son impredecibles, se precipitó después de que el Parlamento catalán realizara una declaración de independencia el viernes pasado, lo que llevó al Ejecutivo español de Mariano Rajoy a intervenir la norteña región, destituir al gobierno de Puigdemont y convocar elecciones.
La magistrada, que tomó la decisión a pedido de la Fiscalía, debe resolver todavía si dicta una orden de búsqueda y captura internacional y una orden europea de detención para el expresidente Carles Puigdemont y de otros cuatro exconsejeros que no acudieron a la citación judicial y se encuentran en Bélgica, país al que se le pedirá que los entregue.
La juez decretó también prisión condicional con una fianza de 50.000 euros para el exconsejero del gobierno catalán Santi Vila, quien no era diputado y dimitió de su cargo el día antes de que el Parlamento catalán realizara la declaración de la independencia el viernes pasado, según la resolución judicial a la que tuvo acceso Télam.
A pesar de que el movimiento independentista esperaba una decisión de este tipo, la resolución judicial fue recibida con gran indignación y de inmediato comenzaron a circular en las redes sociales diferentes llamados a la movilización frente al parlamento catalán para pedir "libertad" para los políticos enviados a la cárcel.
"Vicepresidente y consejeros: no nos detendremos hasta lograr vuestra libertad", escribió en Twitter Agustín Alcoberro, el vicepresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la principal entidad secesionista.
"Mis clientes están muy serenos y hacen un llamamiento a la calma, que no se produzca ningún episodio violento", dijo a la salida del tribunal el abogado Jaume Alonso, quien defiende a la mayoría de los políticos del PDeCAt (Partido Demócrata Europeo Catalán) de Puigdemont.
"Es una resolución que estaba preparada o premeditada", apuntó Andreu Van den Eynde, quien defiende a Junqueras y a los dirigentes de su partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Además de Junqueras, los exdirigentes enviados a prisión son: Ral Romeva (Asuntos Exteriores), Jordi Turull (Presidencia), Josep Rull (Territorio), Meritxell Borrás (Gobernación), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Trabajo) y Joaquim Forn (Interior).
Vila (Empresa y Conocimiento), quien igualmente ingresará a prisión hasta poder depositar la fianza solicitada, fue el único que respondió a las preguntas de la jueza y del Fiscal durante el interrogatorio.
Tras la orden de la jueza, los dirigentes independentistas fueron traslados de inmediato a las cárceles madrileñas de Estremera y al centro penitenciario de mujeres de Alcalá Meco.
La magistrada consideró que existía un riesgo de reiteración delictiva, de alteración y destrucción de pruebas y destacó que, debido a su alto poder adquisitivo de la mayoría de los imputados, se incrementaba el riesgo de fuga.
Piden detener a Carles Puigdemont
CARLES PUIGDEMONT
La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España solicitó ayer una orden de detención internacional contra el destituido presidente catalán Carles Puigdemont y otros cuatro miembros de su exgobierno, por eludir su citación judicial para declarar como imputados por rebelión, sedición y malversación de fondos, por intentar la secesión de Cataluña.
En un escrito entregado a la jueza del caso, Carmen Lamela, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, pidió que se dicte una orden de detención europea y una orden de búsqueda y captura internacional contra los cinco políticos secesionistas que presuntamente se encuentran en Bruselas, Bélgica.
Periodistas españoles reportaron haber visto al expresidente desayunando ayer a la mañana en la capital belga, a donde viajó el lunes de incógnito entre rumores de que iba a solicitar asilo, y el martes ofreció una conferencia de prensa.
“El querellado Carles Puigdemont Casamajo ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha solicitado, como también lo han hecho Antonio Comín y Meritxell Serret Aleu, efectuar declaración por videoconfefencia, sin ofrecer dato alguno sobre su paradero”, aseguró Carballo en su pedido.
No obstante, los abogados de al menos dos exconsejeros catalanes habían pedido por escrito declarar por videoconferencia desde Bruselas, algo que fue rechazado por la jueza al no existir ninguna razón que justificara la ausencia de los acusados, según fuentes judiciales. Puigdemont dice que no quiere eludir la justicia.