El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), Francisco Eguiguren, reclamó al Estado argentino que haga cumplir la medida cautelar solicitada por el organismo sobre la prisión domiciliaria de la titular de la agrupación "Tupac Amaru", Milagro Sala, detenida desde enero del 2016.
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El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), Francisco Eguiguren, reclamó al Estado argentino que haga cumplir la medida cautelar solicitada por el organismo sobre la prisión domiciliaria de la titular de la agrupación "Tupac Amaru", Milagro Sala, detenida desde enero del 2016.
"Tienen que darle cumplimiento a nuestra cautelar", sostuvo el comisionado internacional, quien fundamentó que la medida reclamada por la Comisión "fue sustentada con argumentos jurídicos".
En diálogo con Radio 10 de Buenos Aires, el exministro de Justicia peruano insistió en que la medida cautelar de la Cidh "fue sustentada con argumentos jurídicos", al tiempo que indicó que este organismo no está conformado por "burócratas" que viven "en Washington".
"No somos burócratas ni vivo en Washington", dijo Eguiguren en alusión a declaraciones del gobernador jujeño Gerardo Morales. Agregó que "el tiempo transcurre" y el organismo sigue esperando que, a partir de la medida cautelar solicitada, se les envíe "información oficial más concreta" respecto a la situación de Milagro Sala.
Para Eguiguren, el Estado argentino puso "en riesgo" la "estabilidad emocional y la vida" de la dirigente de la "Tupac Amaru".
"Nos alarma mucho el retorno de Sala al penal y vemos muy mal la revocación de la prisión domiciliaria", manifestó, y advirtió que actualmente estaban "ante una situación de emergencia grave" que era necesario "esclarecer".
El 27 de julio pasado, la Comisión Interamericana otorgó una medida cautelar para la liberación de Milagro Sala con base en la solicitud presentada respecto de la situación de la dirigente social.
Sala cumple prisión domiciliaria en tres expedientes, dos de ellos se tramitan en el Juzgado residual por hechos ocurridos en 2006 y 2007 y además está acusada de ser jefa de una asociación ilícita, y de otros delitos como extorsión y fraude a la administración pública.