El fiscal general de España, José Manuel Maza, informó ayer que fueron presentadas querellas por "rebelión, sedición, malversación" y otros delitos conexos contra el destituido presidente catalán Carles Puigdemont, miembros de su gobierno y autoridades del parlamento regional que tramitó la declaración de independencia de Cataluña el pasado viernes.
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El fiscal general de España, José Manuel Maza, informó ayer que fueron presentadas querellas por "rebelión, sedición, malversación" y otros delitos conexos contra el destituido presidente catalán Carles Puigdemont, miembros de su gobierno y autoridades del parlamento regional que tramitó la declaración de independencia de Cataluña el pasado viernes.
Carles Puigdemont viajo ayer a Bélgica para entrevistarse con políticos nacionalistas flamencos pero nadie habló de sus objetivos.
Se trata de dos querellas, una contra el gobierno catalán destituido, que fue interpuesta en la Audiencia Nacional, máxima instancia penal española, y la otra contra las autoridades del parlamento regional, encabezadas por su presidente, Carme Forcadell, presentada en el Tribunal Supremo, explicó Maza en conferencia de prensa en las sede de la Fiscalía.
Las acciones solicitan la citación urgente de los investigados y, en caso de incomparecencia, su "inmediata detención".
Los delitos investigados son "rebelión, sedición, malversación" y otros conexos, el primero de ellos penado con hasta 30 años de prisión; de ahí que Maza abriera la puerta a que Puigdemont y el resto de acusados puedan ser encarcelados preventivamente, ya que la Fiscalía solicitará medidas cautelares.
Entre ellas, Maza pidió que a los 20 querellados (14 miembros del ex gobierno catalán y seis parlamentarios), se les imponga una fianza solidaria de 6,2 millones de euros para hacer frente al gasto público causado en el delito de malversación de caudales, en relación con el dinero utilizado para celebrar el referéndum del 1 de este mes, que había sido prohibido por la Justicia.
Los máximos responsables políticos de la Generalitat de Cataluña "con sus decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años, han producido una crisis institucional que culminó con la declaración unilateral de independencia realizada con total desprecio a nuestra Constitución el pasado 27 de octubre", subrayó el jefe de los fiscales.
La demanda fue presentada ante la Audiencia Nacional, competente para investigar estos delitos, porque los acusados ya no tienen fueros al haber sido cesados de sus cargos el pasado viernes.
En cambio, el recurso contra los legisladores se radicó en el Supremo porque la mayoría de ellos conserva sus fueros al formar parte de la diputación permanente de la cámara catalana, el órgano que queda en funciones tras la disolución del parlamento, detalló Maza.
"Los delitos objeto de la querella, considerados como rebelión, o en cualquier caso, sedición, tienen su cabida en el concepto de delitos contra la forma de gobierno, en tanto que los querellados actúan con el objeto de preparar y celebrar un referéndum para conseguir, como finalidad última, la proclamación de una república catalana independiente de España, siendo conscientes de que con ello contravienen la Constitución y de que actúan en abierta oposición al orden jurídico en su conjunto y a las resoluciones judiciales", remarcó el fiscal.
Asimismo, Maza afirmó que la violencia que requiere el tipo delictivo de rebelión "no exige que se esgriman armas, ni combate, ni violencias graves contra las personas", que son circunstancias agravantes.
De hecho, recordó que a raíz del golpe de estado del 23 de febrero de 1981, el Tribunal Supremo estimó que se puede llevar a cabo "de modo incruento" (sin derramamiento de sangre).
Puede tratarse sólo de "intimidación", tanto de manera expresa como con actos concluyentes, apuntó.
El fiscal señaló que desde esta perspectiva el peligro de lograr el fin perseguido, declarar la independencia de Cataluña, quedó objetivado a través de todos los actos legislativos realizados por el parlamento catalán para ese fin desde 2015, en particular a partir de la presentación, tramitación y aprobación de la llamada "ley del referéndum de autodeterminación". En ese sentido, explicó que el gobierno necesitaba de la intervención de los miembros de la mesa del parlamento catalán para que se pudieran tramitar y votar las leyes de ruptura.
"Todos los querellados sabían que las leyes iban a ser aprobadas con la mayoría absoluta de los votos de los grupos parlamentarios independentistas, y que por su ilegalidad, el referéndum sólo podía celebrarse "por la fuerza de la muchedumbre movilizada", apuntó.
El fiscal reconoció que la rebelión sólo tiene relevancia penal si se llevan a cabo mediante un alzamiento violento y público, algo que según él ocurrió antes y durante la celebración del referéndum del 1 de octubre.
Según se afirmó en su querella, la violencia registrada en gran parte de los centros destinados a llevar a cabo la "ilícita votación" fueron "el resultado de la pertinaz actitud de los querellados de celebrar a toda costa el inconstitucional referéndum imponiéndolo por la fuerza".
La presidenta del Parlamento regional catalán, Carme Forcadell, suspendió una reunión de la Mesa ordinaria prevista para hoy.
