El presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, renunció ayer finalmente a acudir al Senado español para presentar sus alegaciones contra la intervención de la autonomía de la región anunciada por el gobierno central de Mariano Rajoy, en un nuevo revés a la posibilidad de una salida negociada a la crisis.
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El presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, renunció ayer finalmente a acudir al Senado español para presentar sus alegaciones contra la intervención de la autonomía de la región anunciada por el gobierno central de Mariano Rajoy, en un nuevo revés a la posibilidad de una salida negociada a la crisis.
El Parlamento catalán celebrará hoy un pleno para analizar la respuesta a la intervención de la autonomía de la región.
La decisión del líder soberanista fue adelantada por fuentes parlamentarias y confirmada por el gobierno de Cataluña, que evitó hacer más comentarios.
La prensa española había asegurado días antes antes que Carles Puigdemont sí acudiría al Senado español: un reflejo de la incertidumbre con las que España entra en dos días decisivos.
El Parlamento catalán celebrará hoy un pleno para analizar la respuesta a la intervención de la autonomía por parte del Estado central y que podría servir para declarar la independencia de la región.
A falta de confirmaciones, la vía unilateral parece más probable tras la renuncia de Puigdemont de acudir al Senado.
En otra cita clave para la crisis, el Senado en Madrid celebrará mañana un pleno en el que aprobará la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite al gobierno central adoptar "medidas necesarias" para forzar a una región a cumplir con sus obligaciones.
El gobierno de Rajoy pidió dar ese paso, inédito en 40 años de democracia en España, para remover a Puigdemont y su Ejecutivo y para convocar elecciones autonómicas en un plazo de seis meses, entre otras medidas, para frenar el plan independentista.
Siguiendo lo establecido en el artículo 155, el Senado había invitado a Puigdemont a presentar alegaciones para ayer por la tarde ante la comisión que estudia la aplicación del artículo o bien hoy en el pleno que lo aprobará, algo que finalmente no ocurrirá.
La incógnita pasa ahora por las decisiones que pueda adoptar el "Parlament" catalán en el pleno de hoy, que puede prolongarse hasta el viernes.
Sectores moderados del gobierno catalán piden a Puigdemont evitar la declaración de independencia y convocar a elecciones, mientras que las voces más radicales le exigen proclamar la "República catalana" y llamar a una resistencia civil para boicotear la intervención de Madrid.
Tampoco está claro si queda aun margen para frenar la aplicación del artículo 155.
Los socialistas del Psoe, primera fuerza de la oposición que apoya al gobierno en la intervención, consideraron ayer que no cabría "ni jurídica ni políticamente" dar ese paso si Puigdemont convoca elecciones y vuelve a la legalidad. Para el Partido Popular (PP) de Rajoy, por el contrario, ya es demasiado tarde: "Convocar elecciones como treta para evitar el artículo 155 ya no es admisible. Se han dado suficientes oportunidades para cumplir la ley", dijo ayer Pablo Casado, vicesecretario de organización del PP.
Rajoy, entre tanto, se limitó a defender la aplicación del artículo 155 como "única respuesta posible ante la posición de las instituciones catalanas", según definió ayer por la mañana en el Congreso de los Diputados en Madrid.
“Es la única respuesta posible”
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó en la jornada de ayer que la intervención de la autonomía de Cataluña es “la única forma” de parar el desafío secesionista.
Rajoy respondía así a un diputado independentista catalán, Joan Tardà, que le había reprochado que haya recurrido a la “represión” antes que al diálogo.
“Me dice que las instituciones catalanas han pedido diálogo y mi respuesta ha sido el artículo 155, y es verdad”, dijo el presidente Mariano Rajoy, refiriéndose al artículo de la Constitución con el que se dispone a intervenir la autonomía regional.
“Conoce usted muy bien la respuesta, es la única posible, la única”, ante la amenaza del gobierno catalán de impulsar la independencia tras el referendo de autodeterminación ilegal del 1 de octubre, insistió Rajoy.
Según él, dicha respuesta es la manera de “restaurar la legalidad” y de “atajar las consecuencias económicas que sus decisiones están provocando”, en referencia a las empresas que sacaron de Cataluña su sede social en el último mes, cerca de 1.400 según los últimos datos disponibles.
@Normal:“Cumplo mi obligación al poner en marcha el 155, y lo hago ante el desprecio a nuestras leyes, a nuestra Constitución y al Estatuto de Cataluña”, argumentó el jefe de gobierno
