Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación y exmano derecha de Julio de Vido, fue detenido ayer por orden del juez federal Claudio Bonadio.
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Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación y exmano derecha de Julio de Vido, fue detenido ayer por orden del juez federal Claudio Bonadio.
El exfuncionario, que fue arrestado por efectivos de la Policía Federal en su domicilio del barrio porteño de Belgrano, está acusado junto a De Vido de los delitos de "defraudación contra la administración pública, por administración fraudulenta" a raíz de sobreprecios en la compra de gas licuado entre 2008 y 2015.
En su fallo, Bonadio sostuvo que De Vido y Baratta "tuvieron en sus manos el diseño de todo el plan delictivo y la estructura que concretó la importación de GNL", generando un perjuicio a las arcas del Estado Nacional.
"Baratta fue quién instruyó a Enarsa sobre los volúmenes de GNL que correspondían ser adquiridos y durante qué periodos, en base a estudios previos que le fueron suministrados por la Secretaría de Energía, a cargo de Daniel Cameron", indicó el magistrado, en su resolución.
Y agregó que "las pruebas reunidas" en la causa dan cuenta que De Vido y Baratta "idearon y conformaron semejante estructura para importar GNL utilizando a Enarsa en una primer etapa para gestionar, adjudicar y pagar los cargamentos de GNL y luego tercerizando el proceso en otra empresa -YPF- (...), y a su vez conformada en parte por personal inidóneo que intervino en este proceso más por sus vínculos con autoridades del gobierno de turno que por sus conocimientos en la materia". "Es de destacar que De Vido y Baratta se presentan en el hecho por el cual son procesados como las personas que diagramaron y mantuvieron en el tiempo la maniobra mediante la cual se perjudicó las arcas del Estado con la intervención de otros funcionarios que dependían de ellos que deben ser investigados".
Otro procesamiento para De Vido
El diputado Julio De Vido recibió ayer otro procesamiento con prisión preventiva, esta vez en una causa en la que investiga presuntos sobreprecios en la compra de gas licuado entre 2008 y 2015.
La decisión fue del juez federal Claudio Bonadio, quien pidió a la Cámara de Diputados el desafuero del exministro de Planificación y dispuso además la “inmediata detención” de Roberto Baratta, exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio y hombre de confianza de De Vido.
En su fallo, Bonadio resolvió además trabar un embargo por 1.000 millones de pesos cada uno y también procesó al exsecretario de Energia Daniel Cameron y el exministro de Obras Publicas durante el menemismo Roberto Dromi, quien intervino como asesor.
Los exfuncionarios están acusados de haber participado en una “maniobra defraudatoria llevada a cabo en el marco de la importación de gas natural licuado realizada durante los años 2008 a 2015, ambos inclusive, por el Ministerio de Planificación Federal”, a través de la cual “se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado” de aproximadamente 6.995 millones de dólares, “pues el precio por el que se abonó fue superior a los valores de mercado”, indicó el fallo.
A comienzos de mes, De Vido había presentado un escrito ante el Juzgado de Bonadio en el que había negado que se hubiera ocasionado una defraudación al Estado argentino con la compra de gas licuado durante su gestión para abastecer al mercado interno y pedido su sobreseimiento.
“La presente investigación adolece de falencias estructurales, consecuencia del evidente desconocimiento respecto del mercado del GNL a nivel tanto nacional como internacional”, sostuvo el diputado en ese escrito, pues se negó a contestar preguntas del Juzgado.
Y agregó que, de hecho, esas mismas operatorias que son investigadas, “no sólo contaron con los mecanismos propios de control de la propia Administración Nacional -Unidad Interna dependiente del Directorio de Enarsa, la Sigen, la AGN e incluso, Price Waterhouse- sino que contaron a su vez con la participación de la Unidad de Seguimiento y Control en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires”.
En total fueron tres las denuncias hechas: dos de un abogado particular y otra de entonces opositores del PRO como el senador Federico Pinedo, entre otros.