El Gobierno insistió ayer en la necesidad de realizar una reforma del sistema penal juvenil y adelantó que mantendrá encuentros con líderes opositores para buscar "consensos", mientras que desde la Iglesia advirtieron que la intención oficial "no pareciera razonable en un año electoral y para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática", y pidieron no convertir a los chicos en "enemigos sociales".
El impulsor de la iniciativa, el ministro de Justicia, Germán Garavano, adelantó ayer que mantendrá reuniones con el líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, y con la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, para buscar "consensos", teniendo en cuenta que "no son cosas que se resuelven en un minuto o en diez días", luego de que el miércoles los dirigentes opositores pidieran que se convoque a sesiones extraordinarias en febrero para debatir la baja en la edad de imputabilidad.
"Hay que tener en cuenta que son reformas que no se hicieron en 30 años de democracia", insistió Garavano ayer en declaraciones a radio Mitre, en las que sostuvo que el gobierno está "abierto al trabajo conjunto pero hay que tener en cuenta que no son cosas que se puedan resolver en un segundo o en diez días".
Según confirmaron fuentes del ministerio, en las próximas semanas saldrá la convocatoria oficial para conformar una mesa técnica, integrada por distintos estamentos del Estado, la justicia, ONGs y expertos en el tema, que debatirán a partir de febrero el tema y durante todo el año para consensuar un proyecto de ley que sea enviado al Congreso después de las elecciones legislativas de octubre.
En tanto, desde la Iglesia, la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) advirtió que el proyecto de bajar la edad de punibilidad "no pareciera razonable en un año electoral y para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática" y pidió no convertir a los chicos infractores a la ley penal en "enemigos sociales".
En una declaración difundida ayer, la comisión recordó asimismo la postura que tenía sobre el tema el papa Francisco como cardenal primado y arzobispo de Buenos Aires, cuando en un mensaje a los jóvenes escrito en 2005 advertía que "si bien existe una demanda social muy fuerte a favor de la institucionalización, los tratamientos con larga privación de libertad no han logrado buenos resultados".
"No pareciera razonable que en un año electoral, y que para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática, baste reducir la edad de punibilidad de los chicos y aumentar las penas para determinados delitos, sin garantizar el cumplimiento del sistema de protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales", según indicó la comisión en el comunicado.
Asimismo señalaron que la intención del gobierno nacional "no se corresponde con el pedido de Emergencia Nacional en Adicciones ''Ni un pibe menos por la droga" que hicieron en noviembre pasado y que fue asumido por el Poder Ejecutivo en un decreto de diciembre.
De todas maneras, la comisión episcopal sostuvo que "no debe rechazarse" el debate.
El impulsor de la iniciativa, el ministro de Justicia, Germán Garavano, adelantó ayer que mantendrá reuniones con el líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, y con la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, para buscar "consensos", teniendo en cuenta que "no son cosas que se resuelven en un minuto o en diez días", luego de que el miércoles los dirigentes opositores pidieran que se convoque a sesiones extraordinarias en febrero para debatir la baja en la edad de imputabilidad.
"Hay que tener en cuenta que son reformas que no se hicieron en 30 años de democracia", insistió Garavano ayer en declaraciones a radio Mitre, en las que sostuvo que el gobierno está "abierto al trabajo conjunto pero hay que tener en cuenta que no son cosas que se puedan resolver en un segundo o en diez días".
Según confirmaron fuentes del ministerio, en las próximas semanas saldrá la convocatoria oficial para conformar una mesa técnica, integrada por distintos estamentos del Estado, la justicia, ONGs y expertos en el tema, que debatirán a partir de febrero el tema y durante todo el año para consensuar un proyecto de ley que sea enviado al Congreso después de las elecciones legislativas de octubre.
En tanto, desde la Iglesia, la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) advirtió que el proyecto de bajar la edad de punibilidad "no pareciera razonable en un año electoral y para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática" y pidió no convertir a los chicos infractores a la ley penal en "enemigos sociales".
En una declaración difundida ayer, la comisión recordó asimismo la postura que tenía sobre el tema el papa Francisco como cardenal primado y arzobispo de Buenos Aires, cuando en un mensaje a los jóvenes escrito en 2005 advertía que "si bien existe una demanda social muy fuerte a favor de la institucionalización, los tratamientos con larga privación de libertad no han logrado buenos resultados".
"No pareciera razonable que en un año electoral, y que para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática, baste reducir la edad de punibilidad de los chicos y aumentar las penas para determinados delitos, sin garantizar el cumplimiento del sistema de protección integral de derechos de la niñez, sobre todo en materia de derechos económicos, sociales y culturales", según indicó la comisión en el comunicado.
Asimismo señalaron que la intención del gobierno nacional "no se corresponde con el pedido de Emergencia Nacional en Adicciones ''Ni un pibe menos por la droga" que hicieron en noviembre pasado y que fue asumido por el Poder Ejecutivo en un decreto de diciembre.
De todas maneras, la comisión episcopal sostuvo que "no debe rechazarse" el debate.
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