Tras la decisión del Gobierno provincial de intervenir la Corporación para el Desarrollo de Pozuelos (Codepo), avanzan las auditorías sobre las últimas gestiones a fin de determinar qué ocurrió con los fondos nacionales y provinciales recibidos en los últimos años, pero que nunca fueron ejecutados ni rendidos.
A través del Decreto Nº1.612-G, el Gobierno de la Provincia dispuso en julio pasado la intervención de la Codepo, por un año, designando como interventor del organismo a Diego Raúl Rotela y como subinterventor a Omar Edgardo Toro, cuya misión designada fue la de establecer acciones y funciones en pos de garantizar la eficiencia y eficacia de la intervención.
La medida, fue definida ante el incumplimiento de las obligaciones adquiridas como una entidad de derecho público, falta de rendición de cuentas en forma cuatrimestral del estado de ejecución de los programas llevados adelante por la Corporación, falta de cumplimiento del objetivo de posibilitar el consenso entre los productores de la zona, entre otros puntos.
A tal efecto, Rotela informó que vienen desarrollando una serie de auditorías para determinar cuál fue el destino de los millones de pesos en financiamiento que recibió la Codepo desde su inauguración en 2004. "Se deben rendir fondos por más de 3 millones 200 mil pesos, que fueron recibidos por parte de la institución, pero que no fueron ejecutados y tampoco hay constancia de que se haya comprado el material que se solicitaba en los convenios", expresó el interventor y dijo que ya recibieron las intimaciones de los bancos y entidades prestatarias de los créditos.
La Corporación involucra cuatro comisiones municipales, 25 localidades, más de 700 productores y más de 100 mil cabezas de ganado entre ovinos y camélidos, "es decir que es un organismo de gran importancia, una figura jurídica que en otro lado del país no existe", sobre el cual, "ningún Gobierno anterior realizó los controles correspondientes".
Destacó que esta situación despertó un fuerte rechazo y desilusión por parte de los productores que dependen de la Codepo, quienes desde hace un tiempo vienen denunciando y alertando acerca de las irregularidades que imperaban en la institución.
Asimismo remarcó que si bien el organismo fue inaugurado en reiteradas ocasiones, "nunca se cumplió con el objetivo principal de la Ley 4.520, a partir de la cual se establecía la creación de la Codepo, cuyo espíritu era brindarle una respuesta real al desarrollo del productor y los habitantes de la Puna jujeña".
Rotela informó que como funcionario a cargo de la intervención de la Corporación la primera acción ejecutada fue "realizar una auditoría de corte para evaluar cuáles son todos aquellos instrumentos financieros que fueron recibidos, que no fueron rendidos ni ejecutados y ante la primera anormalidad, la orden directa del gobernador es realizar las denuncias penales correspondientes para que los responsables, en este caso la comisión directiva anterior, rinda cuentas", advirtió.
A través del Decreto Nº1.612-G, el Gobierno de la Provincia dispuso en julio pasado la intervención de la Codepo, por un año, designando como interventor del organismo a Diego Raúl Rotela y como subinterventor a Omar Edgardo Toro, cuya misión designada fue la de establecer acciones y funciones en pos de garantizar la eficiencia y eficacia de la intervención.
La medida, fue definida ante el incumplimiento de las obligaciones adquiridas como una entidad de derecho público, falta de rendición de cuentas en forma cuatrimestral del estado de ejecución de los programas llevados adelante por la Corporación, falta de cumplimiento del objetivo de posibilitar el consenso entre los productores de la zona, entre otros puntos.
A tal efecto, Rotela informó que vienen desarrollando una serie de auditorías para determinar cuál fue el destino de los millones de pesos en financiamiento que recibió la Codepo desde su inauguración en 2004. "Se deben rendir fondos por más de 3 millones 200 mil pesos, que fueron recibidos por parte de la institución, pero que no fueron ejecutados y tampoco hay constancia de que se haya comprado el material que se solicitaba en los convenios", expresó el interventor y dijo que ya recibieron las intimaciones de los bancos y entidades prestatarias de los créditos.
La Corporación involucra cuatro comisiones municipales, 25 localidades, más de 700 productores y más de 100 mil cabezas de ganado entre ovinos y camélidos, "es decir que es un organismo de gran importancia, una figura jurídica que en otro lado del país no existe", sobre el cual, "ningún Gobierno anterior realizó los controles correspondientes".
Destacó que esta situación despertó un fuerte rechazo y desilusión por parte de los productores que dependen de la Codepo, quienes desde hace un tiempo vienen denunciando y alertando acerca de las irregularidades que imperaban en la institución.
Asimismo remarcó que si bien el organismo fue inaugurado en reiteradas ocasiones, "nunca se cumplió con el objetivo principal de la Ley 4.520, a partir de la cual se establecía la creación de la Codepo, cuyo espíritu era brindarle una respuesta real al desarrollo del productor y los habitantes de la Puna jujeña".
Rotela informó que como funcionario a cargo de la intervención de la Corporación la primera acción ejecutada fue "realizar una auditoría de corte para evaluar cuáles son todos aquellos instrumentos financieros que fueron recibidos, que no fueron rendidos ni ejecutados y ante la primera anormalidad, la orden directa del gobernador es realizar las denuncias penales correspondientes para que los responsables, en este caso la comisión directiva anterior, rinda cuentas", advirtió.
Sin planificación
Otro de los problemas que ha afectado gravemente a la Codepo fue la falta de planificación y ejecución de programas destinados para la optimización de las herramientas y servicios con los que cuenta el organismo. "Pasaron casi doce años desde que se puso la primera piedra para la construcción del matadero, que es parte importante para el funcionamiento de la institución, y uno puede ir al matadero y constatar que hay tres placas con inauguración de gobernadores anteriores y sin embargo, el matadero está al 50 o 60 % de funcionamiento por cosas que faltan", acotó Rotela.
Sobre las alternativas para volver a poner en funcionamiento la Corporación, el interventor señaló que lo primordial es fortalecer la cadena de comercialización. "Hoy podemos ver que por ejemplo en los restaurantes de la ciudad de San Salvador de Jujuy, que es el primer mercado donde tiene que acceder la institución, no hay platos en base a cordero. Entonces, primero tenemos que fortalecer el mercado local, volver a las campañas de circular por los distintos municipios generando y promoviendo el consumo de carne de cordero que es mucho más barata y saludable, y después ganar otros mercados", manifestó, al tiempo que subrayó que para alcanzar estas metas, lo esencial "es empezar a hacer acuerdos con los productores".
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Tras la decisión del Gobierno provincial de intervenir la Corporación para el Desarrollo de Pozuelos (Codepo), avanzan las auditorías sobre las últimas gestiones a fin de determinar qué ocurrió con los fondos nacionales y provinciales recibidos en los últimos años, pero que nunca fueron ejecutados ni rendidos.
A través del Decreto Nº1.612-G, el Gobierno de la Provincia dispuso en julio pasado la intervención de la Codepo, por un año, designando como interventor del organismo a Diego Raúl Rotela y como subinterventor a Omar Edgardo Toro, cuya misión designada fue la de establecer acciones y funciones en pos de garantizar la eficiencia y eficacia de la intervención.
La medida, fue definida ante el incumplimiento de las obligaciones adquiridas como una entidad de derecho público, falta de rendición de cuentas en forma cuatrimestral del estado de ejecución de los programas llevados adelante por la Corporación, falta de cumplimiento del objetivo de posibilitar el consenso entre los productores de la zona, entre otros puntos.
A tal efecto, Rotela informó que vienen desarrollando una serie de auditorías para determinar cuál fue el destino de los millones de pesos en financiamiento que recibió la Codepo desde su inauguración en 2004. "Se deben rendir fondos por más de 3 millones 200 mil pesos, que fueron recibidos por parte de la institución, pero que no fueron ejecutados y tampoco hay constancia de que se haya comprado el material que se solicitaba en los convenios", expresó el interventor y dijo que ya recibieron las intimaciones de los bancos y entidades prestatarias de los créditos.
La Corporación involucra cuatro comisiones municipales, 25 localidades, más de 700 productores y más de 100 mil cabezas de ganado entre ovinos y camélidos, "es decir que es un organismo de gran importancia, una figura jurídica que en otro lado del país no existe", sobre el cual, "ningún Gobierno anterior realizó los controles correspondientes".
Destacó que esta situación despertó un fuerte rechazo y desilusión por parte de los productores que dependen de la Codepo, quienes desde hace un tiempo vienen denunciando y alertando acerca de las irregularidades que imperaban en la institución.
Asimismo remarcó que si bien el organismo fue inaugurado en reiteradas ocasiones, "nunca se cumplió con el objetivo principal de la Ley 4.520, a partir de la cual se establecía la creación de la Codepo, cuyo espíritu era brindarle una respuesta real al desarrollo del productor y los habitantes de la Puna jujeña".
Rotela informó que como funcionario a cargo de la intervención de la Corporación la primera acción ejecutada fue "realizar una auditoría de corte para evaluar cuáles son todos aquellos instrumentos financieros que fueron recibidos, que no fueron rendidos ni ejecutados y ante la primera anormalidad, la orden directa del gobernador es realizar las denuncias penales correspondientes para que los responsables, en este caso la comisión directiva anterior, rinda cuentas", advirtió.
A través del Decreto Nº1.612-G, el Gobierno de la Provincia dispuso en julio pasado la intervención de la Codepo, por un año, designando como interventor del organismo a Diego Raúl Rotela y como subinterventor a Omar Edgardo Toro, cuya misión designada fue la de establecer acciones y funciones en pos de garantizar la eficiencia y eficacia de la intervención.
La medida, fue definida ante el incumplimiento de las obligaciones adquiridas como una entidad de derecho público, falta de rendición de cuentas en forma cuatrimestral del estado de ejecución de los programas llevados adelante por la Corporación, falta de cumplimiento del objetivo de posibilitar el consenso entre los productores de la zona, entre otros puntos.
A tal efecto, Rotela informó que vienen desarrollando una serie de auditorías para determinar cuál fue el destino de los millones de pesos en financiamiento que recibió la Codepo desde su inauguración en 2004. "Se deben rendir fondos por más de 3 millones 200 mil pesos, que fueron recibidos por parte de la institución, pero que no fueron ejecutados y tampoco hay constancia de que se haya comprado el material que se solicitaba en los convenios", expresó el interventor y dijo que ya recibieron las intimaciones de los bancos y entidades prestatarias de los créditos.
La Corporación involucra cuatro comisiones municipales, 25 localidades, más de 700 productores y más de 100 mil cabezas de ganado entre ovinos y camélidos, "es decir que es un organismo de gran importancia, una figura jurídica que en otro lado del país no existe", sobre el cual, "ningún Gobierno anterior realizó los controles correspondientes".
Destacó que esta situación despertó un fuerte rechazo y desilusión por parte de los productores que dependen de la Codepo, quienes desde hace un tiempo vienen denunciando y alertando acerca de las irregularidades que imperaban en la institución.
Asimismo remarcó que si bien el organismo fue inaugurado en reiteradas ocasiones, "nunca se cumplió con el objetivo principal de la Ley 4.520, a partir de la cual se establecía la creación de la Codepo, cuyo espíritu era brindarle una respuesta real al desarrollo del productor y los habitantes de la Puna jujeña".
Rotela informó que como funcionario a cargo de la intervención de la Corporación la primera acción ejecutada fue "realizar una auditoría de corte para evaluar cuáles son todos aquellos instrumentos financieros que fueron recibidos, que no fueron rendidos ni ejecutados y ante la primera anormalidad, la orden directa del gobernador es realizar las denuncias penales correspondientes para que los responsables, en este caso la comisión directiva anterior, rinda cuentas", advirtió.
Sin planificación
Otro de los problemas que ha afectado gravemente a la Codepo fue la falta de planificación y ejecución de programas destinados para la optimización de las herramientas y servicios con los que cuenta el organismo. "Pasaron casi doce años desde que se puso la primera piedra para la construcción del matadero, que es parte importante para el funcionamiento de la institución, y uno puede ir al matadero y constatar que hay tres placas con inauguración de gobernadores anteriores y sin embargo, el matadero está al 50 o 60 % de funcionamiento por cosas que faltan", acotó Rotela.
Sobre las alternativas para volver a poner en funcionamiento la Corporación, el interventor señaló que lo primordial es fortalecer la cadena de comercialización. "Hoy podemos ver que por ejemplo en los restaurantes de la ciudad de San Salvador de Jujuy, que es el primer mercado donde tiene que acceder la institución, no hay platos en base a cordero. Entonces, primero tenemos que fortalecer el mercado local, volver a las campañas de circular por los distintos municipios generando y promoviendo el consumo de carne de cordero que es mucho más barata y saludable, y después ganar otros mercados", manifestó, al tiempo que subrayó que para alcanzar estas metas, lo esencial "es empezar a hacer acuerdos con los productores".
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