La Justicia avanza sobre la ruta del dinero que le robaron de su domicilio a la vicepresidente Gabriela Michetti para determinar procedencia y se evalúa analizar la situación patrimonial de su pareja.
Fuentes judiciales advirtieron que podría complicarse el futuro judicial de la Vicepresidente si el origen de los fondos, en base a la explicación que ofreció, no está efectivamente documentada.
Michetti afronta una causa penal a raíz de la denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero y los diputados Rodolfo Thailade y Juan Cabandie: es por el origen supuestamente dudoso de 245.000 pesos y 50 mil dólares que le robaron de su casa particular en noviembre pasado y por el cual está acusado un integrante de su custodia, David Juan Pablo Cruzado.
La Vicepresidente explicó públicamente que 200 mil pesos eran de una donación que recibió la Fundación Suma, que ella presidía; que 45 mil eran para pagar una refacción en su casa; y que los 50 mil dólares le habían sido prestados por su pareja Juan Martín Tonelli Banfi.
Según indicaron los denunciantes, esas fundaciones eran utilizadas para financiamiento del PRO y la sospecha que crece en Tribunales es que están "flojas de papeles", aunque se aguarda la documentación de la IGJ reclamada por el juez federal Ariel Lijo.
El fiscal del caso, Guillermo Marijuan, así lo consideró en un nuevo escrito presentado esta semana, al señalar que la fundación Suma "registraría escasa actividad estatutaria y apego a las normas que la regulan, en contradicción con sus movimientos financieros".
Es que los legajos que debieran presentar las fundaciones en ese organismo no sólo arroja la composición de cada una de ellas sino también los balances que están obligadas a presentar año a año.
Por otra parte, en los próximos días la investigación se centrará sobre Juan Tonelli Banfi, ya que la Vicepresidente dijo que parte de ese dinero le pertenece, y en lo que respecta al análisis de sus declaraciones juradas.
El abogado Martínez Herrera sugirió, al presentar la denuncia, la importancia de evaluar las declaraciones juradas de Tonelli Banfi para constatar si había constancias de los 50 mil dólares que habría prestado a su pareja.
Fuentes judiciales advirtieron que podría complicarse el futuro judicial de la Vicepresidente si el origen de los fondos, en base a la explicación que ofreció, no está efectivamente documentada.
Michetti afronta una causa penal a raíz de la denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero y los diputados Rodolfo Thailade y Juan Cabandie: es por el origen supuestamente dudoso de 245.000 pesos y 50 mil dólares que le robaron de su casa particular en noviembre pasado y por el cual está acusado un integrante de su custodia, David Juan Pablo Cruzado.
La Vicepresidente explicó públicamente que 200 mil pesos eran de una donación que recibió la Fundación Suma, que ella presidía; que 45 mil eran para pagar una refacción en su casa; y que los 50 mil dólares le habían sido prestados por su pareja Juan Martín Tonelli Banfi.
Según indicaron los denunciantes, esas fundaciones eran utilizadas para financiamiento del PRO y la sospecha que crece en Tribunales es que están "flojas de papeles", aunque se aguarda la documentación de la IGJ reclamada por el juez federal Ariel Lijo.
El fiscal del caso, Guillermo Marijuan, así lo consideró en un nuevo escrito presentado esta semana, al señalar que la fundación Suma "registraría escasa actividad estatutaria y apego a las normas que la regulan, en contradicción con sus movimientos financieros".
Es que los legajos que debieran presentar las fundaciones en ese organismo no sólo arroja la composición de cada una de ellas sino también los balances que están obligadas a presentar año a año.
Por otra parte, en los próximos días la investigación se centrará sobre Juan Tonelli Banfi, ya que la Vicepresidente dijo que parte de ese dinero le pertenece, y en lo que respecta al análisis de sus declaraciones juradas.
El abogado Martínez Herrera sugirió, al presentar la denuncia, la importancia de evaluar las declaraciones juradas de Tonelli Banfi para constatar si había constancias de los 50 mil dólares que habría prestado a su pareja.
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La Justicia avanza sobre la ruta del dinero que le robaron de su domicilio a la vicepresidente Gabriela Michetti para determinar procedencia y se evalúa analizar la situación patrimonial de su pareja.
Fuentes judiciales advirtieron que podría complicarse el futuro judicial de la Vicepresidente si el origen de los fondos, en base a la explicación que ofreció, no está efectivamente documentada.
Michetti afronta una causa penal a raíz de la denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero y los diputados Rodolfo Thailade y Juan Cabandie: es por el origen supuestamente dudoso de 245.000 pesos y 50 mil dólares que le robaron de su casa particular en noviembre pasado y por el cual está acusado un integrante de su custodia, David Juan Pablo Cruzado.
La Vicepresidente explicó públicamente que 200 mil pesos eran de una donación que recibió la Fundación Suma, que ella presidía; que 45 mil eran para pagar una refacción en su casa; y que los 50 mil dólares le habían sido prestados por su pareja Juan Martín Tonelli Banfi.
Según indicaron los denunciantes, esas fundaciones eran utilizadas para financiamiento del PRO y la sospecha que crece en Tribunales es que están "flojas de papeles", aunque se aguarda la documentación de la IGJ reclamada por el juez federal Ariel Lijo.
El fiscal del caso, Guillermo Marijuan, así lo consideró en un nuevo escrito presentado esta semana, al señalar que la fundación Suma "registraría escasa actividad estatutaria y apego a las normas que la regulan, en contradicción con sus movimientos financieros".
Es que los legajos que debieran presentar las fundaciones en ese organismo no sólo arroja la composición de cada una de ellas sino también los balances que están obligadas a presentar año a año.
Por otra parte, en los próximos días la investigación se centrará sobre Juan Tonelli Banfi, ya que la Vicepresidente dijo que parte de ese dinero le pertenece, y en lo que respecta al análisis de sus declaraciones juradas.
El abogado Martínez Herrera sugirió, al presentar la denuncia, la importancia de evaluar las declaraciones juradas de Tonelli Banfi para constatar si había constancias de los 50 mil dólares que habría prestado a su pareja.
Fuentes judiciales advirtieron que podría complicarse el futuro judicial de la Vicepresidente si el origen de los fondos, en base a la explicación que ofreció, no está efectivamente documentada.
Michetti afronta una causa penal a raíz de la denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero y los diputados Rodolfo Thailade y Juan Cabandie: es por el origen supuestamente dudoso de 245.000 pesos y 50 mil dólares que le robaron de su casa particular en noviembre pasado y por el cual está acusado un integrante de su custodia, David Juan Pablo Cruzado.
La Vicepresidente explicó públicamente que 200 mil pesos eran de una donación que recibió la Fundación Suma, que ella presidía; que 45 mil eran para pagar una refacción en su casa; y que los 50 mil dólares le habían sido prestados por su pareja Juan Martín Tonelli Banfi.
Según indicaron los denunciantes, esas fundaciones eran utilizadas para financiamiento del PRO y la sospecha que crece en Tribunales es que están "flojas de papeles", aunque se aguarda la documentación de la IGJ reclamada por el juez federal Ariel Lijo.
El fiscal del caso, Guillermo Marijuan, así lo consideró en un nuevo escrito presentado esta semana, al señalar que la fundación Suma "registraría escasa actividad estatutaria y apego a las normas que la regulan, en contradicción con sus movimientos financieros".
Es que los legajos que debieran presentar las fundaciones en ese organismo no sólo arroja la composición de cada una de ellas sino también los balances que están obligadas a presentar año a año.
Por otra parte, en los próximos días la investigación se centrará sobre Juan Tonelli Banfi, ya que la Vicepresidente dijo que parte de ese dinero le pertenece, y en lo que respecta al análisis de sus declaraciones juradas.
El abogado Martínez Herrera sugirió, al presentar la denuncia, la importancia de evaluar las declaraciones juradas de Tonelli Banfi para constatar si había constancias de los 50 mil dólares que habría prestado a su pareja.
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