El empresario Lázaro Báez le pedirá el lunes a la Cámara Federal que dictamine el cese de su prisión preventiva, mientras que los abogados de su hijo Leandro defenderán el pedido de apartar al juez Sebastián Casanello de la causa por presunto lavado de activos.
La estrategia del hijo de Báez se vio apuntalada el día viernes a partir de la difusión de una serie de audios en los que su padre critica al juez Sebastián Casanello durante un diálogo que mantuvo desde la cárcel con una abogada que no interviene, al menos hasta ahora, en la causa por la cual está preso.
La estrategia del hijo de Báez se vio apuntalada el día viernes a partir de la difusión de una serie de audios en los que su padre critica al juez Sebastián Casanello durante un diálogo que mantuvo desde la cárcel con una abogada que no interviene, al menos hasta ahora, en la causa por la cual está preso.
El pedido de excarcelación del empresario Báez padre sería parte de la exposición que realizará a puertas cerradas este lunes ante los integrantes de la sala II de la Cámara, que tiene previsto recibirlo a las 11.15, justo después de la presentación que deben realizar los abogados de su hijo a partir de las 10 de la mañana como esta previsto.
Leandro Báez
A diferencia de Lázaro y Martín Báez, Leandro no está imputado en la causa, pero se presentó ante el juzgado con sus abogados defensores, Claudia Balbín y Santiago Viola, luego de ver afectado el patrimonio familiar producto de los millonarios embargos que pesan sobre su padre y su hermano.
Báez hijo recusó al juez Casanello, a quien acusó de direccionar la investigación con el objetivo de salvaguardar a los protagonistas políticos que pudieran estar involucrados -entre ellos la expresidente Cristina Fernández de Kirchner- y perjudicar al empresario, que amasó su fortuna como concesionario de obra pública.
En esa afirmación hubo un punto de coincidencia entre los planteos judiciales de padre e hijo dado que los abogados de Lázaro Báez pidieron que se "sincere el objeto en la investigación", y que de haber ilícitos en la obra pública se investigue exfuncionarios públicos.
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El empresario Lázaro Báez le pedirá el lunes a la Cámara Federal que dictamine el cese de su prisión preventiva, mientras que los abogados de su hijo Leandro defenderán el pedido de apartar al juez Sebastián Casanello de la causa por presunto lavado de activos.
La estrategia del hijo de Báez se vio apuntalada el día viernes a partir de la difusión de una serie de audios en los que su padre critica al juez Sebastián Casanello durante un diálogo que mantuvo desde la cárcel con una abogada que no interviene, al menos hasta ahora, en la causa por la cual está preso.
La estrategia del hijo de Báez se vio apuntalada el día viernes a partir de la difusión de una serie de audios en los que su padre critica al juez Sebastián Casanello durante un diálogo que mantuvo desde la cárcel con una abogada que no interviene, al menos hasta ahora, en la causa por la cual está preso.
El pedido de excarcelación del empresario Báez padre sería parte de la exposición que realizará a puertas cerradas este lunes ante los integrantes de la sala II de la Cámara, que tiene previsto recibirlo a las 11.15, justo después de la presentación que deben realizar los abogados de su hijo a partir de las 10 de la mañana como esta previsto.
Leandro Báez
A diferencia de Lázaro y Martín Báez, Leandro no está imputado en la causa, pero se presentó ante el juzgado con sus abogados defensores, Claudia Balbín y Santiago Viola, luego de ver afectado el patrimonio familiar producto de los millonarios embargos que pesan sobre su padre y su hermano.
Báez hijo recusó al juez Casanello, a quien acusó de direccionar la investigación con el objetivo de salvaguardar a los protagonistas políticos que pudieran estar involucrados -entre ellos la expresidente Cristina Fernández de Kirchner- y perjudicar al empresario, que amasó su fortuna como concesionario de obra pública.
En esa afirmación hubo un punto de coincidencia entre los planteos judiciales de padre e hijo dado que los abogados de Lázaro Báez pidieron que se "sincere el objeto en la investigación", y que de haber ilícitos en la obra pública se investigue exfuncionarios públicos.
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