El juez federal Ariel Lijo pidió a las partes que intervienen en la investigación por presuntas irregularidades en el rescate de la imprenta Ciccone Calcográfica, por la cual está acusado el exvicepresidente Amado Boudou, que requieran la elevación a juicio oral o el sobreseimiento de los imputados, según corresponda.
El juez dio por cerrada la investigación de primera instancia y habilitó al Ministerio Público Fiscal para que pida el juicio oral para Boudou, los empresarios Alejandro Vandenbroele, José Núñez Carmona, Nicolás Ciccone y Guillermo Reinwick, el exfuncionario Rafael Resnick Brenner y el exrepresentante argentino ante el Banco Mundial César Forcieri. Sobre ellos pesan cargos por "cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública".
En la causa, Lijo tuvo por acreditado que Boudou, junto a Núñez Carmona, habían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, con el fin último de contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial.
Después de la requisitoria fiscal, el juez deberá otorgar el plazo procesal para que los imputados den sus puntos de vista sobre la situación. En esa instancia es habitual que pidan el sobreseimiento de los acusados, pero es poco probable que ese planteo evite el juicio oral y público.
El juez dio por cerrada la investigación de primera instancia y habilitó al Ministerio Público Fiscal para que pida el juicio oral para Boudou, los empresarios Alejandro Vandenbroele, José Núñez Carmona, Nicolás Ciccone y Guillermo Reinwick, el exfuncionario Rafael Resnick Brenner y el exrepresentante argentino ante el Banco Mundial César Forcieri. Sobre ellos pesan cargos por "cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública".
En la causa, Lijo tuvo por acreditado que Boudou, junto a Núñez Carmona, habían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, con el fin último de contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial.
Después de la requisitoria fiscal, el juez deberá otorgar el plazo procesal para que los imputados den sus puntos de vista sobre la situación. En esa instancia es habitual que pidan el sobreseimiento de los acusados, pero es poco probable que ese planteo evite el juicio oral y público.
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El juez federal Ariel Lijo pidió a las partes que intervienen en la investigación por presuntas irregularidades en el rescate de la imprenta Ciccone Calcográfica, por la cual está acusado el exvicepresidente Amado Boudou, que requieran la elevación a juicio oral o el sobreseimiento de los imputados, según corresponda.
El juez dio por cerrada la investigación de primera instancia y habilitó al Ministerio Público Fiscal para que pida el juicio oral para Boudou, los empresarios Alejandro Vandenbroele, José Núñez Carmona, Nicolás Ciccone y Guillermo Reinwick, el exfuncionario Rafael Resnick Brenner y el exrepresentante argentino ante el Banco Mundial César Forcieri. Sobre ellos pesan cargos por "cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública".
En la causa, Lijo tuvo por acreditado que Boudou, junto a Núñez Carmona, habían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, con el fin último de contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial.
Después de la requisitoria fiscal, el juez deberá otorgar el plazo procesal para que los imputados den sus puntos de vista sobre la situación. En esa instancia es habitual que pidan el sobreseimiento de los acusados, pero es poco probable que ese planteo evite el juicio oral y público.
El juez dio por cerrada la investigación de primera instancia y habilitó al Ministerio Público Fiscal para que pida el juicio oral para Boudou, los empresarios Alejandro Vandenbroele, José Núñez Carmona, Nicolás Ciccone y Guillermo Reinwick, el exfuncionario Rafael Resnick Brenner y el exrepresentante argentino ante el Banco Mundial César Forcieri. Sobre ellos pesan cargos por "cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública".
En la causa, Lijo tuvo por acreditado que Boudou, junto a Núñez Carmona, habían adquirido la empresa quebrada y monopólica Ciccone Calcográfica, con el fin último de contratar con el Estado nacional la impresión de billetes y documentación oficial.
Después de la requisitoria fiscal, el juez deberá otorgar el plazo procesal para que los imputados den sus puntos de vista sobre la situación. En esa instancia es habitual que pidan el sobreseimiento de los acusados, pero es poco probable que ese planteo evite el juicio oral y público.
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