El director del Pami, Carlos Regazzoni, confirmó ayer que hizo una denuncia penal por "prácticas fraudulentas" contra lo que llamó una "red de corrupción" que dentro del organismo vendía medicamentos supuestamente destinados a afiliados ya fallecidos por cifras millonarias.
Las irregularidades corresponden a los últimos tres años y asciende a una suma de $500 millones anuales.
Según detalló el funcionario, se detectaron irregularidades correspondientes a los últimos tres años por las cuales se desviaron fondos del organismo mediante la venta de medicamentos a 7.500 afiliados muertos que no habían sido dados de baja del padrón, por un monto de 500 millones de pesos anuales.
"Advertimos patrones de consumo y faltas de controles en lugares que hacen sospechar que puede haber una red de corrupción. Y este modus operandi no sólo ocurre con el Pami, por lo que lo ponemos en mano de la Justicia", indicó el funcionario en conferencia de prensa.
Los directivos del organismo sospechan que esos remedios "vendidos" a personas muertas en realidad se volcaban a la reventa del "mercado negro" a clínicas y farmacias.
Señaló que ya comenzó un trabajo de "auditorías internas" para dar con los responsables de "estas redes de corrupción que se apropian de los fondos públicos".
Al respecto, comentó que entre las irregularidades se detectó que había afiliados que recibían dosis de medicamentos imposibles de consumir y la existencia de recetas por sumas de dinero que "no tiene lógica".
"Hay casos en los que se vendían 40 o 50 remedios para enfermedades distintas a la misma persona. Creemos que se trata de una práctica fraudulenta", advirtió.
También remarcó que hubo varios casos de médicos "a los que le falsificaron las firmas y que hacía años habían hecho la denuncia", mientras que describió un caso particular de "un profesional que le figuraban 39 mil recetas firmadas".
Regazzoni cuestionó además a la gestión anterior del Pami debido a que "había denuncias sobre estos temas desde hacía años pero no tomaron ninguna medida", pero evitó dar nombres sobre a quienes considera culpables de ese presunto desfalco, al señalar que de eso "está en manos de la Justicia".
Por otro lado, prometió poner en marcha en el Pami todos los mecanismos de controles internos que no se cumplieron en los años anteriores y confirmó que "se van a dar de baja a las personas fallecidas" que seguían en el padrón de afiliados.
Sobre la situación del organismo, dijo que "el servicio debe mejorar porque lo dicen los mismos empleados", mencionó una deuda que dejó la gestión anterior con hospitales públicos por mil millones de pesos y aseguró: "Vamos a ir encarrilando esto en breve".
El director del Pami se pronunció así durante una conferencia de prensa que brindó en la sede del microcentro porteño del organismo, tras una reunión que mantuvo con representantes de entidades farmaceúticas con quienes acordó los pasos a seguir para mejorar los controles y revertir esta situación.
Las autoridades, los culpables
La extitular del Pami, Graciela Ocaña, dijo que el fraude se debió a que se dejaron de hacer los cruces entre padrones de activos y fallecidos.
Ocaña, se refirió al nuevo escándalo que se destapó al descubrir que se vendían remedios a 7500 jubilados fallecidos. Calificó la acción como “un choreo” y explicó que ese tipo de cuestiones suceden porque se aflojan los controles y no se cruzan los padrones entre activos y fallecidos.
En declaraciones a la prensa, Ocaña señaló que “parece que las cosas malas en Pami se vuelven a repetir”. En ese sentido recordó que cuando estuvo al frente del Pami había un informe que indicaba que “el padrón estaba sobreestimado”.
“Cuando hicimos el cruce con las bases de la Anses que tiene un control bastante eficiente, le dimos de baja a muchos, el padrón estaba en 3600 millones y bajó a 3100 millones, de ahí en más hicimos un control cada mes para que eso deje de pasar”, recordó.
Ocaña calificó que el fraude con los medicamentos “es bastante burdo, pero lo que sucede es que todos los controles y auditorías que nosotros habíamos impuesto se han vulnerado. Hay gente de adentro del propio Pami que es parte de esta maniobra, empresarios de farmacias, que hacen un circuito para robar y volver a colocar esos medicamentos”.
“Las autoridades del Pami anterior -Luciano Di Césare y Mariano Cardelli- decidieron que la obra social en vez de ser un lugar de calidad y buenas prácticas, fuera un lugar de choreo”, sostuvo y agregó: “Las auditorías son posibles, en la medida que se quiera controlar, pero cuando el control es parte del choreo montado desde la cabeza de la organización, empieza el descontrol”.
Por último, Ocaña dijo que espera que “la Justicia actúe y con los controles de la nueva gestión se encamine esto”.
Tiras reactivas, las favoritas de la red
En declaraciones a la prensa, Regazzoni dio el ejemplo de una señora de 80 años que consumía fármacos para la hipertensión arterial a razón de $100 por mes.
“En agosto de 2013, esa señora falleció y sin embargo, nadie en el Pami reparó que a las pocas semanas empezó a recibir un alto número de recetas de insulina y de tiras reactivas que antes nunca había consumido, y por un valor 10 veces mayor a los consumos anteriores. Además, a pesar de vivir en la Capital, empezó a comprar en farmacias de Ramos Mejía y San Isidro. En total, ya fallecida, consumió fármacos por $ 150 mil”, explicó.
También se detectaron casos de personas que aparecen con más de 20 recetas por mes de un mismo medicamento que además fueron compradas en farmacias de cinco provincias diferentes. “Las tiras reactivas eran unas de las favoritas de la mafia de los medicamentos”, enfatizó el titular del Pami.
Regazzoni dijo que ya habían presentado la denuncia judicial para que la Justicia determine toda la red involucrada, desde las estructuras internas del Pami, pasando por profesionales, médicos, farmacias y la industria farmacéutica.
El funcionario señaló que estaban auditando las cuentas de la obra social, que desde 2011 no presenta balances, y que las anteriores autoridades dejaron una deuda vencida de $ 5 mil millones y un déficit operativo de $ 200 millones mensuales.
Con relación al reciente conflicto por el atraso en los pagos a las farmacias, Regazzoni dijo que habían normalizado los pagos y que todas las farmacias atendían con normalidad a los afiliados. No obstante, anticipó que el equilibrio de las cuentas y el pago de las deudas atrasadas provendrá de cortar con el fraude y los sobreprecios porque “un tercio del gasto del Pami se destina a medicamentos cuando en obras sociales similares no supera el 25%”.
En lo inmediato “se acentuarán los controles internos, se están cruzando los datos del Pami con los de la Anses y el padrón de fallecidos, y los de consumo de medicamentos. Todo esto pasó seguramente con connivencia interna”, aseguró.
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El director del Pami, Carlos Regazzoni, confirmó ayer que hizo una denuncia penal por "prácticas fraudulentas" contra lo que llamó una "red de corrupción" que dentro del organismo vendía medicamentos supuestamente destinados a afiliados ya fallecidos por cifras millonarias.
Las irregularidades corresponden a los últimos tres años y asciende a una suma de $500 millones anuales.
Según detalló el funcionario, se detectaron irregularidades correspondientes a los últimos tres años por las cuales se desviaron fondos del organismo mediante la venta de medicamentos a 7.500 afiliados muertos que no habían sido dados de baja del padrón, por un monto de 500 millones de pesos anuales.
"Advertimos patrones de consumo y faltas de controles en lugares que hacen sospechar que puede haber una red de corrupción. Y este modus operandi no sólo ocurre con el Pami, por lo que lo ponemos en mano de la Justicia", indicó el funcionario en conferencia de prensa.
Los directivos del organismo sospechan que esos remedios "vendidos" a personas muertas en realidad se volcaban a la reventa del "mercado negro" a clínicas y farmacias.
Señaló que ya comenzó un trabajo de "auditorías internas" para dar con los responsables de "estas redes de corrupción que se apropian de los fondos públicos".
Al respecto, comentó que entre las irregularidades se detectó que había afiliados que recibían dosis de medicamentos imposibles de consumir y la existencia de recetas por sumas de dinero que "no tiene lógica".
"Hay casos en los que se vendían 40 o 50 remedios para enfermedades distintas a la misma persona. Creemos que se trata de una práctica fraudulenta", advirtió.
También remarcó que hubo varios casos de médicos "a los que le falsificaron las firmas y que hacía años habían hecho la denuncia", mientras que describió un caso particular de "un profesional que le figuraban 39 mil recetas firmadas".
Regazzoni cuestionó además a la gestión anterior del Pami debido a que "había denuncias sobre estos temas desde hacía años pero no tomaron ninguna medida", pero evitó dar nombres sobre a quienes considera culpables de ese presunto desfalco, al señalar que de eso "está en manos de la Justicia".
Por otro lado, prometió poner en marcha en el Pami todos los mecanismos de controles internos que no se cumplieron en los años anteriores y confirmó que "se van a dar de baja a las personas fallecidas" que seguían en el padrón de afiliados.
Sobre la situación del organismo, dijo que "el servicio debe mejorar porque lo dicen los mismos empleados", mencionó una deuda que dejó la gestión anterior con hospitales públicos por mil millones de pesos y aseguró: "Vamos a ir encarrilando esto en breve".
El director del Pami se pronunció así durante una conferencia de prensa que brindó en la sede del microcentro porteño del organismo, tras una reunión que mantuvo con representantes de entidades farmaceúticas con quienes acordó los pasos a seguir para mejorar los controles y revertir esta situación.
Las autoridades, los culpables
La extitular del Pami, Graciela Ocaña, dijo que el fraude se debió a que se dejaron de hacer los cruces entre padrones de activos y fallecidos.
Ocaña, se refirió al nuevo escándalo que se destapó al descubrir que se vendían remedios a 7500 jubilados fallecidos. Calificó la acción como “un choreo” y explicó que ese tipo de cuestiones suceden porque se aflojan los controles y no se cruzan los padrones entre activos y fallecidos.
En declaraciones a la prensa, Ocaña señaló que “parece que las cosas malas en Pami se vuelven a repetir”. En ese sentido recordó que cuando estuvo al frente del Pami había un informe que indicaba que “el padrón estaba sobreestimado”.
“Cuando hicimos el cruce con las bases de la Anses que tiene un control bastante eficiente, le dimos de baja a muchos, el padrón estaba en 3600 millones y bajó a 3100 millones, de ahí en más hicimos un control cada mes para que eso deje de pasar”, recordó.
Ocaña calificó que el fraude con los medicamentos “es bastante burdo, pero lo que sucede es que todos los controles y auditorías que nosotros habíamos impuesto se han vulnerado. Hay gente de adentro del propio Pami que es parte de esta maniobra, empresarios de farmacias, que hacen un circuito para robar y volver a colocar esos medicamentos”.
“Las autoridades del Pami anterior -Luciano Di Césare y Mariano Cardelli- decidieron que la obra social en vez de ser un lugar de calidad y buenas prácticas, fuera un lugar de choreo”, sostuvo y agregó: “Las auditorías son posibles, en la medida que se quiera controlar, pero cuando el control es parte del choreo montado desde la cabeza de la organización, empieza el descontrol”.
Por último, Ocaña dijo que espera que “la Justicia actúe y con los controles de la nueva gestión se encamine esto”.
Tiras reactivas, las favoritas de la red
En declaraciones a la prensa, Regazzoni dio el ejemplo de una señora de 80 años que consumía fármacos para la hipertensión arterial a razón de $100 por mes.
“En agosto de 2013, esa señora falleció y sin embargo, nadie en el Pami reparó que a las pocas semanas empezó a recibir un alto número de recetas de insulina y de tiras reactivas que antes nunca había consumido, y por un valor 10 veces mayor a los consumos anteriores. Además, a pesar de vivir en la Capital, empezó a comprar en farmacias de Ramos Mejía y San Isidro. En total, ya fallecida, consumió fármacos por $ 150 mil”, explicó.
También se detectaron casos de personas que aparecen con más de 20 recetas por mes de un mismo medicamento que además fueron compradas en farmacias de cinco provincias diferentes. “Las tiras reactivas eran unas de las favoritas de la mafia de los medicamentos”, enfatizó el titular del Pami.
Regazzoni dijo que ya habían presentado la denuncia judicial para que la Justicia determine toda la red involucrada, desde las estructuras internas del Pami, pasando por profesionales, médicos, farmacias y la industria farmacéutica.
El funcionario señaló que estaban auditando las cuentas de la obra social, que desde 2011 no presenta balances, y que las anteriores autoridades dejaron una deuda vencida de $ 5 mil millones y un déficit operativo de $ 200 millones mensuales.
Con relación al reciente conflicto por el atraso en los pagos a las farmacias, Regazzoni dijo que habían normalizado los pagos y que todas las farmacias atendían con normalidad a los afiliados. No obstante, anticipó que el equilibrio de las cuentas y el pago de las deudas atrasadas provendrá de cortar con el fraude y los sobreprecios porque “un tercio del gasto del Pami se destina a medicamentos cuando en obras sociales similares no supera el 25%”.
En lo inmediato “se acentuarán los controles internos, se están cruzando los datos del Pami con los de la Anses y el padrón de fallecidos, y los de consumo de medicamentos. Todo esto pasó seguramente con connivencia interna”, aseguró.
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