En emergencia, con politiquería y sin instituciones
Durante la gestión de Juan Manuel Urtubey, la concentración de recursos en la gobernación limitó el margen de maniobra de los intendentes.
Debido a la filosofía propia del gobernador, tampoco hubo obras de infraestructura.
Además, la administración discrecional de $540 millones como fondos de emergencia para municipios es una herramienta de disciplinamiento que desdibuja cualquier ilusión de federalismo puertas adentro de la Provincia.
Al no generarse las condiciones mínimas para el desarrollo, el interior salteño sobrevive en un clima de emergencia.
El diagnóstico social muestra una radiografía de pobreza y degradación laboral que es el correlato de un régimen centralista y autoritario.
"En Salta no hubo una Milagro Sala porque tenemos institucionalidad", aseguró Urtubey en un programa televisivo salteño.
Cuesta encontrar institucionalidad en una provincia que reclama recursos a la Nación pero condena a los intendentes a sacarse una foto con el ministro de Gobierno so pena de no poder pagar los sueldos.
Las respuestas de Urtubey y Parodi a Gustavo Sáenz tampoco revelan jerarquía institucional. Solo indican voluntad de poder autocrático. Lo que se debe, se debe de acuerdo con la ley. Y no se lo debe un gobernante o caudillo a un intendente, sino que se lo debe el Estado a los ciudadanos del municipio. Es la esencia de la "res pública", es decir, de la institucionalidad. Es también la diferencia que separa al feudo de la democracia.
Entre 2007 y 2016, los ingresos en pesos se multiplicaron por 13 en Salta. Lo único que creció fue la cantidad de funcionarios provinciales. También, la brecha entre la capital provincial y el interior.
En este punto, los intendentes y los legisladores son convidados de piedra.
En Salta prevalece una verticalidad que parece indoblegable.
Un ejemplo elocuente lo ofrece la nueva ley de ministerios. La transferencia de atribuciones del vicepresidente al jefe de Gabinete no esta prevista en la Constitución. Sin embargo, nadie lo objeta públicamente. Ni siquiera Miguel Isa se queja.
Tan grave como eso es el empoderamiento de la Secretaría del Area Metropolitana, un cargo a medida para el exinterventor de El Bordo Matías Assenatto, que constituye una avanzada sobre la jurisdicción de los municipios.
La superestructura, que dio trabajo a varios exfuncionarios, inició su actividad abordando cuestiones vecinales, sin coordinación con los intendentes.
En el caso de Salta capital, por razones políticas y urbanísticas, el problema no es menor.
El intendente Gustavo Sáenz se enteró casi por casualidad de que Assenatto había contratado una consultora para modificar por completo el trazado de los recorridos de Saeta en el Valle de Lerma. Esa iniciativa condiciona cualquier proyecto municipal para mejorar el tránsito urbano, incluida la doble mano de la avenida Sarmiento.
Ayer, el ministro Parodi se refirió a esta cuestión, pero reprochándole a Sáenz que es necesario dialogar. No dijo el jefe de Gabinete cuál es el espacio institucional de ese diálogo, ni aclaró por qué la iniciativa debió surgir del intendente.
Lo mismo viene ocurriendo con Aguas del Norte, entidad responsable de uno de los principales problemas de la ciudad de Salta, y de la Copaups, encargada del patrimonio arquitectónico.
La política como construcción de poder siempre subordina la institucionalidad a sus propios objetivos.
Si todo estuviera institucionalmente claro, la política circularía por otros carriles.
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En emergencia, con politiquería y sin instituciones
Durante la gestión de Juan Manuel Urtubey, la concentración de recursos en la gobernación limitó el margen de maniobra de los intendentes.
Debido a la filosofía propia del gobernador, tampoco hubo obras de infraestructura.
Además, la administración discrecional de $540 millones como fondos de emergencia para municipios es una herramienta de disciplinamiento que desdibuja cualquier ilusión de federalismo puertas adentro de la Provincia.
Al no generarse las condiciones mínimas para el desarrollo, el interior salteño sobrevive en un clima de emergencia.
El diagnóstico social muestra una radiografía de pobreza y degradación laboral que es el correlato de un régimen centralista y autoritario.
"En Salta no hubo una Milagro Sala porque tenemos institucionalidad", aseguró Urtubey en un programa televisivo salteño.
Cuesta encontrar institucionalidad en una provincia que reclama recursos a la Nación pero condena a los intendentes a sacarse una foto con el ministro de Gobierno so pena de no poder pagar los sueldos.
Las respuestas de Urtubey y Parodi a Gustavo Sáenz tampoco revelan jerarquía institucional. Solo indican voluntad de poder autocrático. Lo que se debe, se debe de acuerdo con la ley. Y no se lo debe un gobernante o caudillo a un intendente, sino que se lo debe el Estado a los ciudadanos del municipio. Es la esencia de la "res pública", es decir, de la institucionalidad. Es también la diferencia que separa al feudo de la democracia.
Entre 2007 y 2016, los ingresos en pesos se multiplicaron por 13 en Salta. Lo único que creció fue la cantidad de funcionarios provinciales. También, la brecha entre la capital provincial y el interior.
En este punto, los intendentes y los legisladores son convidados de piedra.
En Salta prevalece una verticalidad que parece indoblegable.
Un ejemplo elocuente lo ofrece la nueva ley de ministerios. La transferencia de atribuciones del vicepresidente al jefe de Gabinete no esta prevista en la Constitución. Sin embargo, nadie lo objeta públicamente. Ni siquiera Miguel Isa se queja.
Tan grave como eso es el empoderamiento de la Secretaría del Area Metropolitana, un cargo a medida para el exinterventor de El Bordo Matías Assenatto, que constituye una avanzada sobre la jurisdicción de los municipios.
La superestructura, que dio trabajo a varios exfuncionarios, inició su actividad abordando cuestiones vecinales, sin coordinación con los intendentes.
En el caso de Salta capital, por razones políticas y urbanísticas, el problema no es menor.
El intendente Gustavo Sáenz se enteró casi por casualidad de que Assenatto había contratado una consultora para modificar por completo el trazado de los recorridos de Saeta en el Valle de Lerma. Esa iniciativa condiciona cualquier proyecto municipal para mejorar el tránsito urbano, incluida la doble mano de la avenida Sarmiento.
Ayer, el ministro Parodi se refirió a esta cuestión, pero reprochándole a Sáenz que es necesario dialogar. No dijo el jefe de Gabinete cuál es el espacio institucional de ese diálogo, ni aclaró por qué la iniciativa debió surgir del intendente.
Lo mismo viene ocurriendo con Aguas del Norte, entidad responsable de uno de los principales problemas de la ciudad de Salta, y de la Copaups, encargada del patrimonio arquitectónico.
La política como construcción de poder siempre subordina la institucionalidad a sus propios objetivos.
Si todo estuviera institucionalmente claro, la política circularía por otros carriles.
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