La causa judicial por los presuntos sobornos en el Senado cerró por el paso del tiempo y con los imputados absueltos.
Según confirmó un matutino porteño, la causa penal llegó a su fin cuando se encontraba a un paso de llegar a la Corte Suprema.
En los últimos días antes de la feria judicial de verano, la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, confirmó las absoluciones de todos los acusados por el "beneficio de la duda".
De esa forma, los jueces plantearon que no estaban seguros de si el gobierno de Fernando de la Rúa pagó o no sobornos a varios senadores del PJ para que aprobar la ley que quitaba beneficios laborales a trabajadores.
Tras ese fallo de la Casación, el fiscal de esa instancia, Javier de Luca, y los abogados de la Oficina Anticorrupción decidieron no apelar esa decisión ante la Corte Suprema, tras entender que los plazos procesales se agotaron de manera inexorable.
El expediente penal se inició a mediados de 2000, luego de que se revelaran a través de la prensa presuntas negociaciones en marcha entre funcionarios de la Alianza y senadores peronistas para destrabar la aprobación de la llamada ley de "Reforma Laboral".
Bajo investigación quedaron el entonces presidente De la Rúa; su secretario de Inteligencia, Fernando de Santibáñez; su ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y los senadores Albeto Tell, Augusto Alasino, Remo Costanzo y Emilio Cantarero.
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Según confirmó un matutino porteño, la causa penal llegó a su fin cuando se encontraba a un paso de llegar a la Corte Suprema.
En los últimos días antes de la feria judicial de verano, la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, confirmó las absoluciones de todos los acusados por el "beneficio de la duda".
De esa forma, los jueces plantearon que no estaban seguros de si el gobierno de Fernando de la Rúa pagó o no sobornos a varios senadores del PJ para que aprobar la ley que quitaba beneficios laborales a trabajadores.
Tras ese fallo de la Casación, el fiscal de esa instancia, Javier de Luca, y los abogados de la Oficina Anticorrupción decidieron no apelar esa decisión ante la Corte Suprema, tras entender que los plazos procesales se agotaron de manera inexorable.
El expediente penal se inició a mediados de 2000, luego de que se revelaran a través de la prensa presuntas negociaciones en marcha entre funcionarios de la Alianza y senadores peronistas para destrabar la aprobación de la llamada ley de "Reforma Laboral".
Bajo investigación quedaron el entonces presidente De la Rúa; su secretario de Inteligencia, Fernando de Santibáñez; su ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, y los senadores Albeto Tell, Augusto Alasino, Remo Costanzo y Emilio Cantarero.
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