El presidente catalán Artur Mas fue imputado ayer por organizar una consulta simbólica sobre la independencia de la región en 2014, una decisión denunciada como un "juicio político" por los separatistas, decididos a emprender la secesión de España tras su victoria electoral.
"Estamos ante un juicio político", dijo la portavoz de su gobierno regional, Neus Munté, en una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del ejecutivo en Barcelona.
"Hay una enorme anomalía democrática en la fiscalía general del Estado y el Gobierno español para querellarse contra un presidente escogido democráticamente por haber puesto las urnas y escuchar la voz del pueblo", denunció Munté.
La fiscalía se querelló contra Mas y dos miembros de su gabinete por desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones por la consulta del 9 de noviembre en la que participaron 2,3 millones de catalanes, de los que casi 1,9 millones votaron por la independencia.
El presidente catalán, que podría ser inhabilitado, deberá declarar el 15 de octubre.
Independencia para el 2017
En las elecciones regionales del domingo, presentadas como un plebiscito a favor o en contra de la independencia de la región, los partidos independentistas consiguieron la mayoría absoluta del parlamento regional (72 sobre 135 escaños) aunque no alcanzaron el 50% de los votos (47,8%).
Aun así, se consideran legitimados para emprender el proceso que llevara a constituir en 2017 una república independiente en esta rica región del noreste de España con 7,5 millones de habitantes.
El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, señaló que la imputación no se produjo antes para no interferir en las elecciones.
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El presidente catalán Artur Mas fue imputado ayer por organizar una consulta simbólica sobre la independencia de la región en 2014, una decisión denunciada como un "juicio político" por los separatistas, decididos a emprender la secesión de España tras su victoria electoral.
"Estamos ante un juicio político", dijo la portavoz de su gobierno regional, Neus Munté, en una rueda de prensa posterior a la reunión semanal del ejecutivo en Barcelona.
"Hay una enorme anomalía democrática en la fiscalía general del Estado y el Gobierno español para querellarse contra un presidente escogido democráticamente por haber puesto las urnas y escuchar la voz del pueblo", denunció Munté.
La fiscalía se querelló contra Mas y dos miembros de su gabinete por desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones por la consulta del 9 de noviembre en la que participaron 2,3 millones de catalanes, de los que casi 1,9 millones votaron por la independencia.
El presidente catalán, que podría ser inhabilitado, deberá declarar el 15 de octubre.
Independencia para el 2017
En las elecciones regionales del domingo, presentadas como un plebiscito a favor o en contra de la independencia de la región, los partidos independentistas consiguieron la mayoría absoluta del parlamento regional (72 sobre 135 escaños) aunque no alcanzaron el 50% de los votos (47,8%).
Aun así, se consideran legitimados para emprender el proceso que llevara a constituir en 2017 una república independiente en esta rica región del noreste de España con 7,5 millones de habitantes.
El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, señaló que la imputación no se produjo antes para no interferir en las elecciones.
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