En la jornada de ayer se procedió a la lectura de alegatos por la causa que se le sigue a Marco Antonio Guerra, quien llega acusado como presunto "coautor responsable del delito de robo en poblado y en banda, atentado a la autoridad agravado, perturbación del ejercicio de las funciones públicas, daños y supuesto autor del delito de amenazas calificadas por el uso de arma", por los incidentes ocurridos en el Concejo Deliberante el 17 de agosto de 2011.
El Ministerio Público Fiscal, a cargo de Delia Filomena Ortiz, decidió acusar a Guerra por supuesto autor material y penalmente responsable, por los delitos de "robo en poblado y en banda, atentado a la autoridad, perturbación del ejercicio de las funciones públicas y amenazas simples". De esta manera Ortíz no pudo hacer constar, después de los testimonios de las personas citadas a declarar, que Guerra portaba, exhibía o amenazaba a los empleados del Concejo Deliberante con un arma de fuego.
Además la fiscal consideró los dichos del periodista víctima de los robos supuestamente perpetrados ese día, Roberto Ocampo, que "en todo momento de su relato, se mantuvo coherente en toda su exposición", aunque el testigo será denunciado por la defensa por falso testimonio.
En cuanto al pedido de pena, Ortíz manifestó que luego de la lectura de los alegatos por los hechos ocurridos en la localidad de Humahuaca el 5 de septiembre de 2012, (que será hoy), va a elevar en forma conjunta el tipo de condena.
Cabe recordar que para este expediente, fueron citados concejales, personal de la administración, personal de maestranza y efectivos policiales, que presenciaron el incidente y prestaban servicios en el parlamento comunal.
Todos los testigos coincidieron que en esos días se iba a tratar el decreto de caducidad de dos líneas de transporte de la exempresa Río Blanco, de la que Guerra supuestamente era accionista. Y ese fue el motivo por el que la organización social "Tití" Guerra se hizo presente en el edificio de la avenida Bolivia del barrio Los Huaicos.
En el turno de la presentación de los alegatos de la defensa, a cargo de Guillermo Toro, ésta empezó diciendo que repudia "enérgicamente los falsos testimonios presentados en las audiencias" y calificó de "miserables a los referentes del partido político de la Unión Cívica Radical, por utilizar a empleadas, una de ordenanza y otra de atención al público, e instigarlas a mentir, por un tema que no es otra cosa por intereses políticos".
Toro pidió la absolución de su defendido y aseguró que "en su debido tiempo y en forma denunciará por falso testimonio a las personas citadas que incriminaron a Guerra", que según él, "faltaron a la verdad".
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En la jornada de ayer se procedió a la lectura de alegatos por la causa que se le sigue a Marco Antonio Guerra, quien llega acusado como presunto "coautor responsable del delito de robo en poblado y en banda, atentado a la autoridad agravado, perturbación del ejercicio de las funciones públicas, daños y supuesto autor del delito de amenazas calificadas por el uso de arma", por los incidentes ocurridos en el Concejo Deliberante el 17 de agosto de 2011.
El Ministerio Público Fiscal, a cargo de Delia Filomena Ortiz, decidió acusar a Guerra por supuesto autor material y penalmente responsable, por los delitos de "robo en poblado y en banda, atentado a la autoridad, perturbación del ejercicio de las funciones públicas y amenazas simples". De esta manera Ortíz no pudo hacer constar, después de los testimonios de las personas citadas a declarar, que Guerra portaba, exhibía o amenazaba a los empleados del Concejo Deliberante con un arma de fuego.
Además la fiscal consideró los dichos del periodista víctima de los robos supuestamente perpetrados ese día, Roberto Ocampo, que "en todo momento de su relato, se mantuvo coherente en toda su exposición", aunque el testigo será denunciado por la defensa por falso testimonio.
En cuanto al pedido de pena, Ortíz manifestó que luego de la lectura de los alegatos por los hechos ocurridos en la localidad de Humahuaca el 5 de septiembre de 2012, (que será hoy), va a elevar en forma conjunta el tipo de condena.
Cabe recordar que para este expediente, fueron citados concejales, personal de la administración, personal de maestranza y efectivos policiales, que presenciaron el incidente y prestaban servicios en el parlamento comunal.
Todos los testigos coincidieron que en esos días se iba a tratar el decreto de caducidad de dos líneas de transporte de la exempresa Río Blanco, de la que Guerra supuestamente era accionista. Y ese fue el motivo por el que la organización social "Tití" Guerra se hizo presente en el edificio de la avenida Bolivia del barrio Los Huaicos.
En el turno de la presentación de los alegatos de la defensa, a cargo de Guillermo Toro, ésta empezó diciendo que repudia "enérgicamente los falsos testimonios presentados en las audiencias" y calificó de "miserables a los referentes del partido político de la Unión Cívica Radical, por utilizar a empleadas, una de ordenanza y otra de atención al público, e instigarlas a mentir, por un tema que no es otra cosa por intereses políticos".
Toro pidió la absolución de su defendido y aseguró que "en su debido tiempo y en forma denunciará por falso testimonio a las personas citadas que incriminaron a Guerra", que según él, "faltaron a la verdad".
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