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Histórico fallo en el juicio por la tragedia de Once

Miércoles, 30 de diciembre de 2015 01:30
RICARDO JAIME / UNO DE LOS CONDENADOS POR ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA POR EL CHOQUE FERROVIARIO EN ONCE.
Veintiuno de los de los 28 acusados por el choque ferroviario de Once fueron condenados ayer a penas de entre nueve y tres años de prisión, en un tiempo récord de tres años y diez meses desde el accidente que el 22 de febrero del 2012 causó la muerte de 51 personas, ademas de un nonato, y heridas a otras 789.

Las mayores penas las recibieron Sergio Claudio Cirigliano y Juan Pablo Schiavi. El maquinista también fue condenado.

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Veintiuno de los de los 28 acusados por el choque ferroviario de Once fueron condenados ayer a penas de entre nueve y tres años de prisión, en un tiempo récord de tres años y diez meses desde el accidente que el 22 de febrero del 2012 causó la muerte de 51 personas, ademas de un nonato, y heridas a otras 789.

Las mayores penas las recibieron Sergio Claudio Cirigliano y Juan Pablo Schiavi. El maquinista también fue condenado.

Las mayores penas las recibieron el exconcesionario de Trenes de Buenos Aires (TBA), Sergio Claudio Cirigliano, y el exsecretario de Transporte de la Nación al momento del hecho, Juan Pablo Schiavi, a quienes el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de la Ciudad de Buenos Aires aplicó condenas de nueve y ocho años de prisión, respectivamente.

El Tribunal Oral Federal 2 aplicó una condena de ocho años al exsecretario de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi.

Ambos fueron encontrados responsables penales de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional y estrago culposo, por el pago de subsidios estatales y la falta de mantenimiento de los trenes del ferrocarril Sarmiento.

El exconcesionario de Trenes de Buenos Aires, Sergio Claudio Cirigliano, recibió una condena de nueve años de prisión.

El tribunal dio por probado que existió una relación causa efecto entre ambos hechos, los que desembocó en la fatal colisión contra el andén 2 de la terminal.

También fue condenado a seis años de prisión Ricardo Jaime. El maquinista Marco Córdoba recibió tres años y seis meses.

También fue condenado a seis años de prisión el anterior secretario del área, Ricardo Jaime, a quien el tribunal aplicó una pena unificada con dos condenas anteriores, pero sólo lo consideró responsable por el mal uso de los subsidio que pagaba el Estado a la prestataria y no por el estrago culposo.
Las condenas a los principales funcionarios y exempresarios de la concesionaria sorprendieron por la escala penal alta, ya que aún cuando sean ajustadas en las apelaciones, seguramente los llevarán al cumplimiento efectivo de las penas.
El maquinista Marco Córdoba, para quien dos de las querellas habían pedido la absolución, recibió una condena de tres años y seis meses, con siete de inhabilitación para conducir, ya que se dio por probado que no frenó a tiempo para impedir la embestida de la formación contra los paragolpes del andén.
El tribunal, integrado por los jueces Jorge Alberto Tassara, Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu, y Ana D'Alessio, prohibió la salida del país de los condenados pese a que ninguno quedó detenido ya que llegaron en libertad al juicio.
Una de las resoluciones del TOF2 destacó que las condenas serán de cumplimiento real y que se harán efectivas una vez que queden firmes.
La mayoría de los empresarios vinculados a la exconcesionaria y los exfuncionarios fueron condenados con penas de entre ocho y cinco años de prisión por los delitos de defraudación y estrago culposo.
Los familiares de las víctimas, que colmaron la sala de audiencias y la puerta de los tribunales, recibieron el fallo con satisfacción.
Si bien la condenas aplicadas fueron levemente inferiores a las pedidas por los fiscales, y sensiblemente a las que demandaban dos de las cuatro querellas, el fallo se dio en un tiempo razonable. El juicio se inició hace 21 meses y apenas dos años después del choque, lo que marca celeridad frente a las demoras de más de una década que suelen insumir la causas penales en el fuero federal, adjudicable a la presión social por encontrar responsables.

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