La Corte Suprema de Justicia creó una comisión judicial para la lucha contra el narcotráfico, que será integrada por jueces federales de distintas regiones y representantes de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de todo el país (Jufejus).
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La Corte Suprema de Justicia creó una comisión judicial para la lucha contra el narcotráfico, que será integrada por jueces federales de distintas regiones y representantes de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de todo el país (Jufejus).
"El esfuerzo individual de jueces y juezas de todo el país necesita ser complementado con la colaboración concreta de las fuerzas de seguridad, autoridades migratorias, y otras dependencias del Poder Ejecutivo Nacional y Provinciales en una actuación conjunta", subrayó la Corte en la resolución que ayer se dio a conocer. En la acordada firmada por los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco se señala que la problemática del narcotráfico "demanda la instrumentación de políticas de Estado coordinadas, con objetivos claros, permanentes en el tiempo y con medidas efectivas".
La comisión tendrá como función mejorar la coordinación entre los distintos tribunales, de distintas instancias y jurisdicciones.
Los jueces recordaron además que desde 2009 han "advertido con insistencia que es necesario enfrentar el problema del narcotráfico y toda la actividad delictiva vinculada con este flagelo; reclamo que ha sido reiterado en cada inauguración del año judicial". Los ministros de la Corte reclamaron entonces "a otros Poderes del Estado que arbitren las medidas que fueran necesarias para combatirla", y para eso vieron "la necesidad de actuar de manera concreta e inmediata en todos estos temas, ya que está en juego la seguridad de la población".
Según la acordada, la Comisión tendrá como funciones "mejorar la coordinación entre los distintos tribunales judiciales, de distintas instancias y jurisdicciones, y de éstos con las diferentes dependencias estatales con competencia especial en la materia". Además, coordinará su acción "con las fuerzas de seguridad, autoridades locales y federales, y con las demás autoridades públicas cuya intervención resulte necesaria", y tendrá la potestad de proponer "a otros Poderes del Estado, en especial, el tratamiento de reformas legales que establezcan un procedimiento adecuado para la investigación y juzgamiento de estos delitos".
La Corte Suprema de Justicia ya había trasladado el año pasado al Poder Ejecutivo una batería de reclamos de un grupo de jueces del norte argentino para optimizar el combate al narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y el lavado de dinero, entre ellos el acceso a recursos tecnológicos y que se cubran las vacantes en los juzgados.
El pedido lo hizo la Corte luego que una docena de jueces de Tucumán, Chaco, Salta, Jujuy, Formosa, Catamarca y Santiago del Estero se reunieran a principios de mayo de 2014 y a través de una resolución solicitaran "extremar la provisión de recursos adecuados", humanos, tecnológicos y logísticos.
La Corte pidió entonces al Poder Ejecutivo que se arbitraran "de modo urgente" las medidas sugeridas por los jueces federales.