Reforzar atención en los servicios públicos

El diputado del Partido Justicialista, Daniel Almirón, presentó un proyecto de Ley que tiene por objetivo exigir a las empresas adjudicatarias de servicios públicos en la provincia brindar una prestación integral a favor de los usuarios. En sus fundamentos indicó que deben contar con oficinas y la cantidad de personal idóneo para la atención de los usuarios y consumidores, garantizando un trato digo y equitativo.

La iniciativa del legislador surgió en vista de los aumentos en la tarifa del gas que provocó consultas masivas por parte de los usuarios de este servicio público en las instalaciones de la empresa prestataria. De frente a la problemática, Almirón indicó es necesario que los servicios públicos cuenten con personal suficiente para brindar una mejor prestación y atención, así como simplificar los trámites burocráticos en pos de la celeridad en la gestión que deben realizar los usuarios. "Jujuy no puede continuar siendo una provincia de segunda categoría", dijo el diputado al agregar que es necesario que el Poder Ejecutivo Provincial controle los servicios públicos, haciendo cumplir la Constitución Nacional, las leyes dictadas en su consecuencia, como así también los mandatos que impone la Carta Magna Provincial para garantizar las prestaciones en nuestro territorio, conforme se hace en otras provincias o regiones del país.

Siguiendo el ejemplo de la atención en Gasnor, el diputado manifestó que la empresa cuenta con oficinas en nuestra ciudad sin una caja de cobro en sus oficinas, por lo que los usuarios son derivados a los bancos o empresas tercerizadas de cobro a fin de abonar las boletas y demás derechos de conexión. Asimismo carece de inspectores para examinar las obras de toda la provincia, debiendo soportar los solicitantes grandes demoras para la realización de una inspección y su posterior habilitación, y además, en el mismo caso citado, los usuarios se ven apabullados con importante cantidad de exigencias, tramites y formularios que deben suscribir.

En este sentido el Legislador enfatizó que el Estado Provincial tiene constitucionalmente, el derecho y el deber de velar para que se cumpla cabalmente con este cometido, lo cual requiere un mayor protagonismo público en las funciones de vigilancia y control, en consonancia con lo planteado por la Ley de Defensa del Consumidor que dispone que las empresas prestadoras de servicios públicos deberán garantizar la atención personalizada a cada uno de sus usuarios.

También el artículo del plexo normativo citado señala que los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios, al igual que la Constitución Provincial en sus Artículos 73 y 77 contempló la obligación del Estado Provincial de protección de los usuarios, y la Carta Magna Provincial plantea que el Estado garantizará la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y sus legítimos intereses económicos.

El diputado del Partido Justicialista, Daniel Almirón, presentó un proyecto de Ley que tiene por objetivo exigir a las empresas adjudicatarias de servicios públicos en la provincia brindar una prestación integral a favor de los usuarios. En sus fundamentos indicó que deben contar con oficinas y la cantidad de personal idóneo para la atención de los usuarios y consumidores, garantizando un trato digo y equitativo.

La iniciativa del legislador surgió en vista de los aumentos en la tarifa del gas que provocó consultas masivas por parte de los usuarios de este servicio público en las instalaciones de la empresa prestataria. De frente a la problemática, Almirón indicó es necesario que los servicios públicos cuenten con personal suficiente para brindar una mejor prestación y atención, así como simplificar los trámites burocráticos en pos de la celeridad en la gestión que deben realizar los usuarios. "Jujuy no puede continuar siendo una provincia de segunda categoría", dijo el diputado al agregar que es necesario que el Poder Ejecutivo Provincial controle los servicios públicos, haciendo cumplir la Constitución Nacional, las leyes dictadas en su consecuencia, como así también los mandatos que impone la Carta Magna Provincial para garantizar las prestaciones en nuestro territorio, conforme se hace en otras provincias o regiones del país.

Siguiendo el ejemplo de la atención en Gasnor, el diputado manifestó que la empresa cuenta con oficinas en nuestra ciudad sin una caja de cobro en sus oficinas, por lo que los usuarios son derivados a los bancos o empresas tercerizadas de cobro a fin de abonar las boletas y demás derechos de conexión. Asimismo carece de inspectores para examinar las obras de toda la provincia, debiendo soportar los solicitantes grandes demoras para la realización de una inspección y su posterior habilitación, y además, en el mismo caso citado, los usuarios se ven apabullados con importante cantidad de exigencias, tramites y formularios que deben suscribir.

En este sentido el Legislador enfatizó que el Estado Provincial tiene constitucionalmente, el derecho y el deber de velar para que se cumpla cabalmente con este cometido, lo cual requiere un mayor protagonismo público en las funciones de vigilancia y control, en consonancia con lo planteado por la Ley de Defensa del Consumidor que dispone que las empresas prestadoras de servicios públicos deberán garantizar la atención personalizada a cada uno de sus usuarios.

También el artículo del plexo normativo citado señala que los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios, al igual que la Constitución Provincial en sus Artículos 73 y 77 contempló la obligación del Estado Provincial de protección de los usuarios, y la Carta Magna Provincial plantea que el Estado garantizará la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y sus legítimos intereses económicos.