La Mesa Coordinadora contra la Violencia Institucional, un espacio integrado por familiares y víctimas de esta problemática, organismos de Derechos Humanos, fuerzas políticas, y vecinos de Jujuy, repudió la reciente sanción de la Ley 5.860 de Código Contravencional de la Provincia. Si bien el sector consideró siempre necesario aprobar un nuevo sistema, cuestionó la forma vertiginosa e inconsulta en que se realizó su elaboración, tratamiento y posterior aprobación, además del contenido "manifiestamente inconstitucional presente en muchas de sus normas".
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La Mesa Coordinadora contra la Violencia Institucional, un espacio integrado por familiares y víctimas de esta problemática, organismos de Derechos Humanos, fuerzas políticas, y vecinos de Jujuy, repudió la reciente sanción de la Ley 5.860 de Código Contravencional de la Provincia. Si bien el sector consideró siempre necesario aprobar un nuevo sistema, cuestionó la forma vertiginosa e inconsulta en que se realizó su elaboración, tratamiento y posterior aprobación, además del contenido "manifiestamente inconstitucional presente en muchas de sus normas".
"Frente a la gravísima problemática de violencia institucional presente en la provincia, protagonizada en gran medida por la Policía con una clara connivencia del Poder Judicial y político, el debate de este nuevo Código debería haber incluido a la sociedad civil, donde puedan verse representadas la mayor cantidad de espacios involucrados como centros vecinales, organismos de DDHH, organizaciones sociales, asociaciones educativas, centros de estudiantes, colegios de profesionales y toda población interesada ya que afecta a la convivencia colectiva", reseñó.
Refirió además que el proyecto de ley en su versión definitiva tomó estado público 48 horas antes de ser sancionado, no existiendo posibilidad de mayor publicidad, difusión o debate, características esenciales de un sistema democrático, particularmente importante en temas tan sensibles como es la convivencia colectiva. Algunos puntos que cuestiona refieren a las normas que violan el derecho de defensa, el derecho a la libertad personal, la garantía del debido proceso y el principio del "juez natural".
