El Tribunal convocó a una nueva audiencia para el 18 de abril donde querellas y fiscales podrán ejercer el derecho a réplica.
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El Tribunal convocó a una nueva audiencia para el 18 de abril donde querellas y fiscales podrán ejercer el derecho a réplica.
Ayer cerró la etapa de los alegatos de la defensa de los tres imputados en las cinco causas acumuladas en el primer juicio de lesa humanidad y todo parece encaminado a que se conozca la sentencia antes que finalice abril, o a más tardar en la primera semana de mayo.
En la jornada pasada fue el turno del abogado Carlos Rodríguez Vega, defensor del imputado José Eduardo Bulgheroni, quien intentó despegar de las acusaciones a su cliente en las causas Reynaldo Aragón y otros y Paulino Galeán y otros, dos de las cinco causas acumuladas que llegaron a juicio el 12 de julio de 2012.
Los principales cargos que enfrenta Bulgheroni son: privación ilegítima de la libertad y homicidios, y argumentó su defensor que el pedido de prisión perpetua de las querellas y los fiscales es “desproporcionado”.
“No corresponde endilgarle (a Bulgheroni) la privación ilegítima de la libertad ni el homicidio de Rosas Santos Mamaní en la causa Galeán”, por lo que pidió la absolución de su defendido.
Otro tanto había solicitado acerca del desaparecido Narciso Santiesteban, un agente de policía peronista, porque dijo que tampoco había participado el imputado en su detención, porque según familiar-testigo lo detuvieron en una sede policial de Libertador San Martín, por orden del comisario represor Ernesto Jaig, el más mencionado en el juicio.
Rodríguez Vega intentó despegar a su defendido de las acusaciones diciendo que “no integró el Area 323” el supra organismo represor, que tuvo como primer jefe al coronel Néstor Bulacios.
Bulgheroni “era el cartero”, afirmó, al tiempo que explicitó que se hacía cargo de recibir y entregar notas de los detenidos o liberados del PEN, como tampoco se encargaba de las tareas de inteligencia para esa época, 1977, de la que se responsabilizó a la policía.
Al igual que los defensores de otro imputado, Mariano Braga, Rodríguez Vega dijo que su defendido tampoco “tuvo conciencia que formaba parte de un plan sistemático” para eliminar a subversivos, sólo conocido por la alta jerarquía militar.
El defensor lo alejó del imputado Braga, señalando que mientras éste estuvo en Jujuy hasta diciembre de 1976, su cliente comenzó su labor en los primeros días de enero del año siguiente.
Advirtió que tampoco estuvo con Néstor Bulacios, Juan Carlos Jones Tamayo, todavía prófugo y con pedido de captura con recompensa, entre otros oficiales.
En torno a que Bulgheroni se encargaba de elaborar los permisos de visita a los detenidos en la cárcel de Gorriti señaló que hubo algunos que tenían su firma apócrifa y no descartó que hubiera sido víctima de una “interna” en la unidad.
Por aquel entonces era subjefe del RIM 20 Jorge Alejandro Bretó y luego ejerció la jefatura, pero además, según una investigación de Rodríguez Vega, también supo sobre la liberación de otros detenidos a disposición del PEN como la de Mamaní.
El defensor había comenzado su alegato pidiendo la nulidad de todo lo actuado por “contaminación de la prueba” criticando que muchos de los testigos víctimas continúan militando y no pueden ser considerados sus testimonios incólumes.
También tuvo críticas a los cambios de “calificación” en los expedientes y deslizó que hubo “testigos conjurados” ayudados por psicólogos y profesionales.
Cuestionó también la composición del tribunal con un solo juez natural y dos subrogantes.
Rodríguez Vega pidió falso testimonio de varios testigos que declararon ante el TOF.
En el tramo final de la audiencia de ayer las querellas y los fiscales rechazaron los pedidos de nulidad realizados por los defensores de los imputados.
Al imputado Bulgheroni no se le conoce la voz ya que ejerció el derecho de no declarar al comienzo del juicio, aunque puede hacerlo en cualquier momento del proceso que continúa, y luego de algunas audiencias por prescripción médica, vio y escuchó las alternativas del juicio por un aparato de TV en una habitación contigua al recinto.
El otro imputado es Antonio Orlando Vargas, quien sigue el juicio desde el penal de Ezeiza.