La Cámara Federal porteña confirmó este viernes el cierre de la causa que investigaba el préstamo de USD 57.100 millones otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. La decisión, adoptada por los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, ratificó el archivo dispuesto en febrero por la jueza María Eugenia Capuchetti y rechazó el recurso de la Fiscalía, que había solicitado reabrir la investigación.
La investigación, iniciada en 2019 por una denuncia de presunta defraudación y administración fraudulenta, alcanzaba al ex presidente Mauricio Macri, al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, y a dos funcionarios que hoy forman parte del gabinete de Javier Milei: el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Los jueces consideraron que, tras más de cinco años de pesquisa, no se logró demostrar la existencia de los delitos denunciados.
Argumentos del fallo
En su resolución, los camaristas sostuvieron que el Poder Judicial no está facultado para revisar el acierto o desacierto de las decisiones económicas de un gobierno, citando el precedente "Dólar Futuro" de la Corte Suprema. Subrayaron que el acuerdo con el FMI fue gestionado en un "contexto de urgencia financiera reconocida" y que no surgieron elementos para afirmar que los funcionarios hubieran actuado con la intención deliberada de violar la ley.
El tribunal también desestimó el argumento fiscal basado en un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que estimaba un perjuicio patrimonial para el Estado de casi USD 30.000 millones. Para los jueces, "el deterioro patrimonial del Estado, por sí solo, no equivale a la acreditación del elemento subjetivo de la defraudación" y no se demostró una sustracción de fondos en beneficio propio o de terceros.
El pedido de la Fiscalía
El fiscal Franco Picardi había apelado el archivo de la causa calificando la decisión de la jueza Capuchetti como "prematura" y "arbitraria". En su dictamen, señaló una serie de irregularidades en el procedimiento, como la falta de un decreto presidencial, la ausencia de intervención del Congreso y la apertura de expedientes administrativos de manera extemporánea, lo que a su juicio configuraba un "esquema defraudatorio".
Sin embargo, la Cámara Federal rechazó estos planteos al considerar que los cuestionamientos de la Fiscalía no alcanzaban para modificar las conclusiones de la investigación, que, según el tribunal, había sido lo suficientemente extensa.
Esta resolución pone fin a una de las causas judiciales más emblemáticas vinculadas al endeudamiento externo del país, generando alivio en el actual gobierno nacional, ya que varios de sus funcionarios clave se encontraban entre los imputados.