A través de la Decisión Administrativa 26, publicada en el Boletín Oficial con la firma del Jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, el Poder Ejecutivo reasignó partidas entre jurisdicciones y reforzó áreas como salud pública, energía eléctrica y el sistema previsional, según el detalle que consta en 266 planillas incorporadas a la norma, por un total de $5,1 billones, equivalente a 3,4% del Presupuesto ampliado para el corriente año, aunque el efecto neto se reduce a $2,16 billones, por las transferencias de partidas que se habían asignado a la Tesorería General de la Nación.
Pese a la magnitud del aumento de la autorización total de gastos para lo que resta del año del Presupuesto elevado ahora a $152,3 billones, el efecto neto sobre el resultado de las finanzas de la Administración Central es nulo, porque se compensa con el incremento del total de los recursos corrientes y de capital esperados en $2,16 billones, en casi su totalidad por parte de la Anses.
El Ministerio de Capital Humano recibió una ampliación presupuestaria de $1,79 billones, distribuida entre el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para el pago de prestaciones previsionales por moratoria previsional y para el seguro de desempleo, este último a raíz del aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil dispuesto en diciembre de 2025 por el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Los considerandos de la decisión administrativa también mencionan un refuerzo para el “Plan 1.000 días”, creado por la Ley 27.611, y mayores transferencias a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La norma amplió, además, en $250.000 millones el límite fijado por el artículo 40 de la Ley de Presupuesto 27.798 para el pago de deudas previsionales reconocidas en sede judicial y administrativa, así como aquellas establecidas en los acuerdos transaccionales de la Ley 27.260.
El Ministerio de Salud concentra una de las ampliaciones más relevantes de la modificación. La decisión administrativa destina $550.000 millones a pensiones no contributivas por invalidez laborativa, en el marco de la Ley 26.417 de Movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional Público, y $44.000 millones adicionales a la compra de productos farmacéuticos y medicinales para la cobertura sanitaria compensatoria.
Los considerandos de la norma detallan que también se contempla el sostenimiento de gastos de funcionamiento de hospitales de alta complejidad, entre ellos el Hospital Garrahan, el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Dr. Néstor Carlos Kirchner, el Hospital General de Agudos Dr. René Favaloro y el Hospital del Bicentenario Esteban Echeverría. La cartera sanitaria, además, recibió una contribución figurativa de $550.000 millones proveniente de la Anses, organismo que también giró $240.000 millones a las cajas de retiro de la Policía Federal y de las Fuerzas Armadas.
La energía eléctrica concentró la partida individual más alta
Entre los refuerzos identificados en el anexo presupuestario, el que corresponde a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) resulta el de mayor magnitud dentro de un solo concepto: $1 billón en transferencias corrientes del Tesoro Nacional para financiar la política de energía eléctrica, bajo la órbita del Ministerio de Economía.
En paralelo, la Dirección Nacional de Vialidad, organismo descentralizado que depende de la Secretaría de Transporte, obtuvo ampliaciones para atender obras activas, entre ellas la construcción de la autopista sobre la Ruta Nacional 40 en el tramo que une Mendoza con San Juan y trabajos de mantenimiento en rutas de Santa Cruz.+
La Decisión Administrativa 26 también recompuso partidas ligadas a los salarios de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. La Resolución 630 del Ministerio de Seguridad, del 8 de julio, había dispuesto un aumento del haber mensual del personal de las fuerzas de seguridad, lo que motivó un refuerzo en la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina.
De manera similar, la Resolución Conjunta 35 del Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa, del 17 de julio, había incrementado el haber del personal militar y del personal de la Policía de Establecimientos Navales, lo que derivó en una recomposición directa de los haberes de jubilados y pensionados de las Fuerzas Armadas a través del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares.
Otras autorizaciones de gasto
Entre los ajustes administrativos, la norma dispuso la transferencia de créditos a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, provenientes de la Secretaría de Comunicación y Medios, para atender los gastos de la Secretaría de Vocería Presidencial, creada por el Decreto 571 del 2 de julio de 2026.
También se formalizó el traspaso de tres agentes de planta permanente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado al Ministerio de Defensa, en línea con lo dispuesto por la Decisión Administrativa 10, de abril.
La medida readecuó, asimismo, los créditos de la Jurisdicción 90, correspondiente al Servicio de la Deuda Pública, para afrontar los servicios financieros de la deuda durante el presente ejercicio, por $210.000 millones y de la Jurisdicción 91, Obligaciones a Cargo del Tesoro, con el fin de cubrir necesidades de financiamiento de la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín, de Contenidos Artísticos e Informativos y de Radio y Televisión Argentina, además del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo.
Impacto presupuestario del refuerzo del control de los recursos en Malvinas
También, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 867/2026 y el Decreto 868/2026, como parte de las políticas adoptadas por la gestión, tras colocar el reclamo de soberanía en el centro de su agenda, por lo que reforzó el Presupuesto para el resto del año en defensa para prevenir la explotación de recursos en el área de las Islas Malvinas en $521.558 millones, pero con un efecto neto sobre el gasto total de $234.122 millones.
Ese monto, que representa menos de 0,16%, del Presupuesto ampliado para el corriente año y 5,1% del aumento del superávit fiscal acumulado en los primeros 8 meses de 2026, no tendrá efecto sobre el resultado final esperado en las finanzas públicas, porque se compensa con reasignaciones de partidas dentro de toda la Administración Central por $288.475 millones y recursos del Tesoro Nacional acumulados con las últimas privatizaciones por $234.122 millones.
Las áreas y montos que recibirán refuerzo presupuestario, según el detalle en 57 folios del Anexo I del Decreto 867, son:
Ministerio del Interior: Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional, $120.081,4 millones;
Jefatura de Gabinete de Ministros: Diseño, Fabricación, Integración y Ensayo de 4 Satélites (SARE II A), Formulación, Ejecución y Control de Políticas de Ciberseguridad, $119.964,5 millones;
Poder Judicial: Interceptación y Captación de las Comunicaciones, $111.210,3 millones;
Poder Legislativo Nacional: Defensa de los Derechos de los Ciudadanos, y Control Externo del Sector Público Nacional, $66.164,9 millones;
Cancillería: Acciones Diplomáticas asociadas a la Cuestión Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur, $54.593,6 millones;
Presidencia: Asistencia legal e Información e Inteligencia, $33.357,8 millones;
Ministerio de Defensa: Alistamiento Operacional de la Armada y de la Fuerza Aérea, y Planeamiento Militar Conjunto, $11.061,4 millones;
Ministerio de Justicia: Prevención de lavado de activos, $3.119,5 millones;
Ministerio de Economía: Control y Fiscalización de la Oferta Pública -CNV-, y Control de Seguridad de Presas, $2.524,2 millones.