La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) restituyó de manera provisoria el pago de la pensión derivada del fallecido expresidente Néstor Kirchner a favor de Cristina Fernández de Kirchner, abonando este mes una suma bruta de $16.090.877,01. El desembolso se concretó en acatamiento a una medida cautelar dictada por la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que ordenó reanudar temporalmente una de las dos prestaciones especiales que habían sido suspendidas administrativamente a fines de 2024.
La resolución judicial, firmada por los magistrados Juan Fantini y Sebastián Russo en febrero pasado, dejó sin efecto un fallo adverso de la jueza Karina Alonso Candis y fundamentó la cautelar en razones de índole alimentaria, sin pronunciarse sobre la condena penal de seis años de prisión que pesa sobre la exjefa de Estado en la causa conocida como “Vialidad”.
El detalle del pago y los descuentos
Fuentes del organismo confirmaron a este medio que “se procedió rehabilitando el beneficio número 47-6-8085213-0 con mensual 08/2026 por un monto bruto de $16.090.877,01, aplicando los descuentos legales vigentes”. Sobre ese total, la administración retuvo un 20% en concepto de “recupero por sumas percibidas indebidamente” (resolución 343/2025), lo que deja el haber neto en torno a los **$12 millones**. Además, Anses precisó que no liquidó el ítem por zona austral que la exfuncionaria percibía por su domicilio declarado en Santa Cruz, y que la actualización del monto dependerá de “una variación salarial acordada fuera del ámbito del organismo”.
El contexto judicial y la pelea en la Corte
La suspensión original del beneficio había sido aplicada por la propia Anses tras la ratificación de la condena penal a Cristina Kirchner en el expediente Vialidad. Ante esa decisión, la defensa de la expresidenta promovió una demanda para restaurar el cobro, que derivó en la cautelar favorable de la Cámara Federal de la Seguridad Social.
Sin embargo, el organismo previsional y el Ministerio Público Fiscal recurrieron en queja a la Corte Suprema de Justicia para revocar esa medida, luego de que la Cámara rechazara un recurso extraordinario. Mientras tanto, el Estado busca recuperar acreencias por $660.052.338,87 correspondientes al período anterior a la suspensión.
A su vez, permanece abierto otro expediente impulsado por la exdiputada Graciela Ocaña, que cuestiona la compatibilidad del cobro simultáneo de dos haberes encuadrados en la Ley 24.018. El procurador Eduardo Casal, en un dictamen, sostuvo que la condena penal debería impedir el acceso a fondos previsionales, aunque la Cámara no hizo lugar a ese planteo al conceder la cautelar.
El pago finalmente se destrabó en julio, luego de que la Justicia aceptara una caución juratoria presentada por la exmandataria, mientras la discusión de fondo continúa su curso en los estrados judiciales.
