La Justicia Federal de La Plata dio un nuevo paso en el amparo colectivo presentado por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz para exigir la reactivación de las obras y el mantenimiento de las rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires. El juez Ernesto Kreplak dispuso la inscripción de la causa como proceso colectivo, reconociendo que el reclamo alcanza a los usuarios efectivos y potenciales de la red vial nacional.
En el marco del pedido de medida cautelar urgente, el magistrado ordenó a la Dirección Nacional de Vialidad, al Ministerio de Economía y al Banco de la Nación Argentina que presenten, en un plazo de tres días, los informes previstos por el artículo 4 de la Ley 26.854. A su vez, fijó un plazo de diez días para que las demandadas respondan sobre el fondo del amparo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 16.986. De esta manera, la Justicia abrió una instancia concreta para que los organismos involucrados expliquen el estado de las obras y el destino de los recursos afectados a la infraestructura vial.
“Es una decisión muy importante. Es un juez federal que está trabajando para garantizar el derecho a la vida de quienes usamos estas rutas nacionales”, sostuvo Tolosa Paz. La diputada destacó además el trabajo de investigación que sustenta la presentación, realizado durante dos años y respaldado por aproximadamente 800 hojas de documentación, que incluyen información sobre las cuentas de inversión del Banco Nación, la compra de letras y títulos del Tesoro y el destino de los fondos que deben ser utilizados para la infraestructura vial.
Tolosa Paz cuestionó además el argumento oficial de que la falta de utilización de estos recursos responde a la necesidad de “ordenar la macroeconomía” y apuntó directamente contra el ministro de Economía: “Caputo va a tener que abrir esa caja y poner los recursos donde tienen que estar: en las rutas”. La diputada recordó que el amparo advierte sobre la existencia de más de $1 billón del Sisvial colocados en inversiones financieras, mientras las rutas nacionales continúan deteriorándose y las obras permanecen paralizadas o con bajos niveles de ejecución.
La gravedad de la situación queda reflejada en los datos de siniestralidad. Según los registros incorporados al amparo, en el primer semestre de 2026 la Ruta Nacional 5 ya registra más víctimas fatales que durante todo 2025. “No estamos ante una discusión presupuestaria: estamos hablando de vidas. No podemos naturalizar que sigan muriendo personas cuando existen recursos disponibles y obras financiadas que deberían estar ejecutándose”, afirmó Tolosa Paz.
El amparo también advierte sobre obras estratégicas en las rutas nacionales 3 y 5 que cuentan con US$100 millones de financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y que no se encuentran ejecutándose conforme a los compromisos asumidos.
La próxima instancia será el análisis de la medida cautelar solicitada por Tolosa Paz. En paralelo, continuará el proceso colectivo sobre el fondo de la cuestión.