Un contratista declaró ante la Justicia que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le pagó USD 245 mil en efectivo por la refacción de su vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La presentación se realizó en los tribunales federales de Comodoro Py, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
El testigo, Matías Tabar, sostuvo que el vínculo con el funcionario comenzó por una recomendación dentro del barrio. “Adorni me contactó por WhatsApp”, indicó al salir de la fiscalía, donde permaneció durante tres horas. Según su declaración, el propio funcionario fue quien realizó los pagos.
De acuerdo con su testimonio, el trabajo se desarrolló entre octubre de 2024 y mayo de 2025 e incluyó tanto tareas de obra como renovación de mobiliario. Detalló que recibió un primer pago de USD 55 mil a fines de 2024 y que el resto fue abonado durante el año siguiente.
Tabar entregó documentación vinculada a la obra, junto con fotos, videos y registros de los trabajos realizados. Además, dejó su teléfono celular para que sea peritado, con el objetivo de recuperar mensajes que, según explicó, habían sido eliminados.
Adorni recibió un préstamo de USD 100 mil de la Policía Federal
La declaración se suma a otros datos incorporados en la investigación, que analiza movimientos patrimoniales del funcionario. En ese contexto, se incluyen gastos superiores a USD 100 mil en el último año, así como deudas por unos USD 335 mil, vinculadas principalmente a operaciones inmobiliarias.
Entre los elementos bajo análisis figura la compra de la vivienda en el country, que fue escriturada en noviembre de 2024 por USD 120 mil. Ese mismo día, Adorni recibió un préstamo de USD 100 mil de dos integrantes de la Policía Federal, respaldado con una hipoteca sobre su departamento en Parque Chacabuco.
Mientras se realizaban las refacciones, el funcionario y su familia alquilaron otra propiedad en el mismo barrio, con un costo mensual de USD 13 mil. También abonaron USD 5 mil como tasa de ingreso al country.
La causa está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, quien ahora cuenta con la nueva documentación aportada por el contratista. La investigación continúa con peritajes y análisis de los movimientos económicos vinculados al caso.