La denominada “Ley de Hojarasca” -que recibió media sanción en la Cámara de Diputados y giró al Senado para su tratamiento definitivo- propone la derogación de decenas de normas que el oficialismo califica como obsoletas, inútiles o abiertamente violatorias de principios constitucionales. El proyecto, que ya había sido presentado en 2024 con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos, no había logrado ser tratado en el Congreso en esa oportunidad. Fue reingresado el 25 de marzo de este año con la rúbrica del actual ministro coordinador, Manuel Adorni.
“Como dice el viejo adagio: ‘cuantas más leyes menos Justicia’, proverbio que pesa mucho más cuando las leyes no cumplen objetivos útiles para la sociedad”, destaca el texto oficial.
Entre las normas más insólitas que desaparecerán si la iniciativa se convierte en ley figura la Ley 94, sancionada en 1864, que castiga con 10 años de inhabilitación a quien “haga azotar a una persona”. También se eliminará la Ley 20.802, de 1974, que creaba el carnet obligatorio de mochilero y otorgaba preferencia para acampar en zonas turísticas.
La célebre “Ley del Lobizón” o “Ley de Padrinazgo Presidencial” (N° 20.843), reglamentada durante el último gobierno de Juan Domingo Perón, también quedará sin efecto. Originalmente entregaba una medalla, un diploma y una beca de estudios al séptimo hijo varón y a la séptima hija mujer de una pareja. En 2009, la entonces presidenta Cristina Kirchner la modernizó y eliminó la exigencia de que los séptimos fueran consecutivos.
Otra víctima de la “Ley de Hojarasca” será la Ley 27.171, de 2015, que regulaba la colombofilia –competencias con palomas mensajeras de carrera– y creaba la Federación Colombófila Argentina, encargada de certificar el año de nacimiento y la matrícula de las aves. Actualmente esa federación sigue funcionando bajo la órbita de la Secretaría de Deportes de la Nación.
También se derogará la Ley 21.159, que otorgaba un 50% de descuento en pasajes y fletes de empresas estatales de transporte a “actores, artistas y técnicos de compañías de teatro y de variedades argentinas”, además de tarifas especiales en hoteles del Estado nacional durante sus actuaciones.
La iniciativa alcanza incluso a la Ley 19.787, dictada durante la dictadura de Agustín Lanusse, que declaraba de interés nacional la difusión de la “música argentina” pero circunscribía ese concepto a ritmos folklóricos, tango, milonga, obras sinfónicas de autores argentinos y musicalizaciones del acervo nacional. “No incluye a toda la música generada por autores argentinos”, criticó el oficialismo.
Otras leyes que caerán son: la 22.963 (que prohibía publicidad con mapas del país sin aprobación previa del Instituto Geográfico Nacional); las leyes 22.964 y 22.109 sobre aislamiento forzoso de enfermos de lepra y viruela, por considerarlas estigmatizantes; la que autorizaba emisiones de televisión a color; la que reglamentaba resguardo de información estatal en microfilms; y la que permitía al Estado sortear premios entre compradores de boletos de cine con fondos del INCAA. “Se impone un impuesto que encarece las entradas y termina perjudicando a los usuarios y a la industria”, argumentaron desde el Gobierno.
El proyecto, que ahora deberá ser tratado en el Senado, busca en definitiva limpiar el ordenamiento jurídico de lo que el Ejecutivo considera “hojarasca” legal acumulada durante décadas.