El Gobierno autorizó la instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos de detección y bloqueo de celulares en cárceles federales, con el objetivo de impedir el uso indebido de equipos de comunicación móvil en el interior de las prisiones.
La resolución, firmada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, se formalizó mediante la Resolución 336/2026, publicada en el Boletín Oficial.
Según establece la normativa, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) podrá instalar sistemas capaces de identificar celulares activos dentro de los penales y anular su funcionamiento.
El problema no es nuevo. En los últimos años, distintas investigaciones judiciales detectaron maniobras organizadas desde cárceles: estafas telefónicas, amenazas y coordinación de robos. En algunos casos, esos esquemas funcionaron como verdaderos centros de llamadas clandestinos.
Por eso, la resolución advierte que es necesario “impedir que las organizaciones criminales con miembros alojados en establecimientos penitenciarios federales utilicen dispositivos de comunicación móvil para planificar y coordinar maniobras ilícitas”.
A diferencia de intentos anteriores, la nueva herramienta busca ser más precisa. No se trata de bloquear toda la señal —como ocurría con los viejos inhibidores—, sino de detectar los teléfonos en uso dentro de la cárcel y bloquearlos de manera puntual.