El gobierno argentino alcanzó un principio de acuerdo con los fondos litigantes Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los dos últimos acreedores externos que mantenían demandas activas contra el país derivadas del default de 2001. Así lo informaron las partes involucradas a la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, en una presentación judicial que confirma el avance en las negociaciones para cerrar uno de los frentes judiciales más longevos en el exterior.
El acuerdo de carácter preliminar involucra a ambos fondos, que ya contaban con sentencia firme a favor y reclamaban el cobro de sumas millonarias. A partir de este entendimiento, los demandantes solicitaron formalmente a la magistrada la suspensión de todos los procesos en curso, incluido un pedido específico de Bainbridge para quedarse con acciones del Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
En el escrito presentado ante el tribunal, la defensa del Estado argentino informó que las partes han alcanzado un principio de solución y pidieron dejar en suspenso las medidas ejecutorias mientras se avanza en la redacción final del acuerdo. Desde el estudio jurídico que representa a los fondos confirmaron el acercamiento y señalaron que sus clientes mantienen el compromiso de lograr una resolución justa y definitiva.
Bainbridge Fund es uno de los acreedores que rechazó los canjes de deuda de 2005 y 2010, y mantenía un litigio desde 2016. La Justicia estadounidense ya le había reconocido un crédito de 95 millones de dólares más intereses. Attestor, por su parte, con sede en Islas Caimán, inició su reclamo en 2014 por bonos adquiridos con posterioridad al default.
El principio de acuerdo implica además una reorganización entre los propios fondos respecto del colateral de los Bonos Brady que estaban embargados en la Reserva Federal de Estados Unidos. No obstante, la presentación ante Preska no hizo mención al pedido previo de Bainbridge sobre el traspaso de acciones de YPF, lo que sugiere que ese punto también quedaría comprendido en la negociación.
El cierre de estos litigios allana el camino para resolver los últimos juicios abiertos por la cesación de pagos de 2001. La mayoría de los reclamos de los llamados fondos buitre se resolvieron en 2016, tras la asunción de Mauricio Macri y el fallo del juez Thomas Griesa. Sin embargo, algunas demandas menores continuaron activas durante los años siguientes y ahora encaran su desenlace definitivo.
