Más de 4 mil chicos estuvieron en conflicto con la ley penal en 2024 en la Argentina según el último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (Cnpt) en el cual se detalla la cantidad de niños y adolescentes que estuvieron en lugares de encierro y con medidas penales.
Estos datos se conocen en medio del debate sobre la baja en la edad de imputabilidad y la llegada del proyecto al Congreso nacional.
Al 31 de diciembre de 2024, había 4.119 niños, niñas y adolescentes incluidos en el ámbito penal juvenil: 3.249 se encontraban bajo medidas penales en territorio, 865 estaban alojados en dispositivos de privación o restricción de la libertad, cuatro con prisión domiciliaria, más una persona sobre la que no se cuenta con la información referida a cual fue la modalidad de abordaje.
Esto indica que "ocho de cada diez menores contaba con medidas judiciales que no implican una restricción y/o privación de la libertad, si no que, se implementaron programas de acompañamiento y supervisión en el marco de redes sociocomunitarias".
Aunque los indicadores del informe señalan que en dicho año hubo una tendencia descendente, sí existió una leve suba de menores bajo el régimen de privación de la libertad.
El Sistema Penal Juvenil contó con un total de 174 dispositivos en todo el país: 75 destinados a la aplicación de medidas penales en territorio y 99 vinculados a situaciones de encierro, de los cuales 63 correspondieron a privación de la libertad, 27 a restricción de la libertad y nueve a dispositivos de aprehensión especializada.
El detalle
En cuanto a los delitos imputados, predominan aquellos contra la propiedad (57,1%), seguidos por contra las personas (13,9%) y la integridad sexual (7,5%).
El informe también advierte sobre la presencia menores de 16 años dentro del sistema penal juvenil. Se registraron 48 entre 12 y 15 años institucionalizados por razones penales, de los cuales 44 se encontraban en lugares de encierro.
Con la actual ley penal juvenil, que inicia desde los 16 años, estos 48 chicos son declarados no punibles, por lo que no deberían ser alojadas en dispositivos del sistema penal juvenil, sino abordadas por los organismos del sistema de protección integral de derechos.
La tasa nacional de encierro del sistema penal juvenil fue de 1,8 jóvenes y adolescentes alojados en lugares de encierro cada 100.000 habitantes.
Las jurisdicciones de Córdoba, Buenos Aires y Capital Federal superan ampliamente ese tasa y las dos primeras provincias concentran el 75%.
Acerca de los punibles, más del 60% de quienes se encuentran con medidas de encierro tenían en 2024 entre 16 y 17 años.
Se destaca también que más del 30% que permanecen bajo encierro cumplen medidas judiciales con posterioridad a haber cumplido 18 años.
El Gobierno dice tener los votos suficientes en Diputados
Con un guiño de último momento a los gobernadores, el oficialismo confía en dictaminar y darle media sanción esta semana al nuevo Régimen Penal Juvenil -que baja la edad de imputabilidad de los 16 años actuales a los 14- sin sobresaltos en la Cámara de Diputados.
"Estamos bien con los números", aseguran en La Libertad Avanza, aunque evitan dar precisiones del poroteo para que no haya presiones sobre legisladores.
Mañana se van a conformar las dos comisiones que faltan -Familia y Justicia- y al otro día se van a reunir en un plenario con Presupuesto y Asuntos Penales para dictaminar el texto que se va a someter a votación en el recinto el jueves.
Además de aceptar que el Régimen Penal Juvenil aplique a partir de los 14 años, y no de los 13 como planteaba el Gobierno, el oficialismo incorporará un artículo clave para el financiamiento del sistema en las provincias, que una vez aprobada la norma nacional deben adherir adecuando sus regímenes procesales. El principal reclamo era que no tenían fondos para la infraestructura y servicios, como la figura del supervisor que la ley crea y demanda.
Hasta el momento, el proyecto incorporaba una fórmula genérica que planteaba que la ley se financiaría con las erogaciones planteadas en el Presupuesto y que el Jefe de Gabinete de Ministros debía "disponer la reasignación de las partidas correspondientes para el cumplimiento de sus disposiciones".
La misma redacción por la que el Ejecutivo se negaba a cumplir con las leyes de Financiamiento Universitario y Discapacidad aprobadas por la oposición.