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El Senado aprobó en general la reforma de la Ley de Salud Mental, una iniciativa impulsada por el Gobierno que habilita las internaciones involuntarias en situaciones de riesgo grave para la vida o la integridad física de una persona o de terceros.
El proyecto recibió 42 votos positivos y 21 negativos, con respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños, Despierta Chubut, Provincias Unidas y Movere Santa Cruz. En contra votaron los bloques Justicialista, Independencia y Convicción Federal. La propuesta será girada a Diputados.
Entre los cambios principales, el texto establece que una internación involuntaria podrá ser dispuesta por un médico, preferentemente psiquiatra. En casos de emergencia, podrá resolverla un solo profesional, aunque un equipo interdisciplinario deberá revisar la medida dentro de las 48 horas. También se habilitan teleconsultas con especialistas.
La internación deberá ser comunicada a la Justicia y tendrá carácter excepcional: solo podrá aplicarse cuando no sean posibles los tratamientos ambulatorios y exista un riesgo grave de daño. Además, deberá contemplar un plan de egreso desde el inicio y notificar previamente a familiares o representantes legales para coordinar la salida.
La reforma prevé asistencia económica de la Nación a las provincias, cuyos recursos deberán incorporarse al Presupuesto. También amplía el concepto de adicciones para incluir, entre otros casos, la ludopatía.
El proyecto mantiene la prohibición de crear manicomios, aunque contempla la permanencia de hospitales especializados. En el caso de niños y adolescentes, establece que deberán ser atendidos por equipos con formación específica y permanecer en espacios separados de los adultos.
Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Salud, Ivana Arrascatea, defendió la reforma con la idea de “llegar a tiempo” y sostuvo que la ley vigente no brinda herramientas suficientes. Guillermo Andrada cuestionó la falta de recursos para sostener el modelo comunitario, mientras que Maximiliano Abad y Carlos Arce reclamaron garantías para la atención en las provincias. Gerardo Zamora advirtió que el proyecto asigna nuevas obligaciones sin precisar el financiamiento. Patricia Bullrich remarcó que las internaciones serán excepcionales y que el objetivo es reforzar la prevención.
