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La estudiante del último año del Colegio Privado Pía Didoménico que fue denunciada penalmente tras viralizarse un vídeo tipo “story time” —donde relataba entre risas agresiones hacia una compañera durante el viaje de egresados en Bariloche— presentó un recurso de amparo con medida cautelar.
La presentación judicial busca frenar su expulsión y traslado compulsivo a otra institución, medida notificada a sus padres mediante la Disposición Interna 32/2026 de la dirección del nivel secundario.
Patrocinada por el abogado Marcos Denett, la joven alegó que se vulneró su derecho a la defensa y al debido proceso, señalando que, al ser mayor de edad (18 años), la notificación a sus padres no suple su derecho a ser oída. Asimismo, cuestionó que no intervino el Consejo de Convivencia (Ley 5402), no se aplicaron sanciones graduales previas y se le impuso de forma directa la máxima sanción. Argumentó además que la denuncia penal en su contra aún no derivó en imputación formal, invocando su presunción de inocencia, y remarcó la desigualdad de trato respecto a otros compañeros investigados por la difusión de material íntimo de la víctima, a quienes sí se les permitió continuar con escolaridad virtual.
Como solución, la estudiante solicitó que se suspendan los efectos de la resolución y que se le permita finalizar el ciclo lectivo 2026 de manera virtual para rendir sus materias y obtener su título. Como compromiso, ofreció no concurrir al colegio, no contactar a la joven afectada ni realizar publicaciones sobre el conflicto, además de pedir la reserva de su identidad.
El origen del conflicto y la respuesta institucional
El caso se enmarca en una problemática que inició en abril con la filtración de vídeos íntimos de la víctima y que derivó en un acoso sistemático tanto presencial como digital.
En el “story time” difundido, la agresora admitió riéndose haber derramado agua sobre la víctima, insultarla por su físico y disfrutar de sus crisis emocionales. El hecho derivó en una denuncia penal radicada por la asesora de Menores, Carolina Acuña Barrionuevo, quedando la investigación a cargo de la fiscal de Ciberdelitos, Paola González Pinto.
Por su parte, el Colegio Pía Didoménico argumentó que el pase escolar busca resguardar la convivencia y aplicar el carácter restaurativo de la Resolución Ministerial 290/2024.
No obstante, la institución recibió cuestionamientos previos por haber derivado inicialmente a la víctima a la modalidad virtual para apartarla del entorno, mientras los agresores continuaban en las aulas.
En un comunicado oficial, el establecimiento sostuvo que las medidas aplicadas buscan priorizar la integridad y el bienestar de la comunidad educativa ante situaciones de violencia.
