En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia confirmó ayer la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos contra la expresidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad. Los fiscales Diego Luciano y Sergio Mola reclamaron ayer la "detención inmediata".
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En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia confirmó ayer la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ocupar cargos públicos contra la expresidenta Cristina Kirchner por la causa Vialidad. Los fiscales Diego Luciano y Sergio Mola reclamaron ayer la "detención inmediata".
Cristina Kirchner es la primera expresidenta en tener una condena firme por corrupción. La actual líder del Partido Justicialista (PJ) nacional, aún la figura más fuerte de la oposición al gobierno de Javier Milei, quedará fuera de la carrera electoral y no podrá competir, como era su intención, por una banca en la Legislatura bonaerense el próximo 7 de septiembre.
Por su edad, 72 años, Cristina Kirchner puede solicitar cumplir la condena en arresto domiciliario. La exmandataria esperó el pronunciamiento de la Corte rodeada de dirigentes y militantes en la sede del PJ.
La Corte Suprema resolvió de manera unánime, con los votos de los tres jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Con la decisión de la Corte, quedó firme la condena a seis años de prisión para la expresidenta por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en las 51 licitaciones de obra pública en la provincia de Santa Cruz.
El máximo tribunal también dejó firme la absolución por el delito de asociación ilícita, tras rechazar el pedido de la fiscalía para agravar su condena al declarar el planteo inadmisible por aplicación del artículo 280 del Código Procesal en Civil y Comercial de la Nación.
Los jueces Rosatti y Rosenkrantz hicieron un voto conjunto al que se sumó luego Lorenzetti. Los tres rechazaron cada uno de los argumentos que sostuvo la defensa para intentar revertir, en su recurso de queja, la condena en su contra.
"Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida y en el Código Penal sancionado por el Congreso, sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional. El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley", sostuvieron los jueces del máximo tribunal.
Los jueces consideran a Cristina Kirchner responsable del delito de defraudación contra la administración pública para favorecer a Báez en las licitaciones de obras públicas en Santa Cruz.
"Las sanciones aplicadas son las que determina el ordenamiento jurídico vigente. La imposición de las penas de prisión e inhabilitación no hace otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democrático según las leyes penales dictadas por los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación", dijeron los tres jueces.
Y añadieron: "El argumento de la defensa basado en la competencia de terceras personas en el asunto -entre ellas, el jefe de gabinete y los restantes funcionarios nacionales y provinciales que intervinieron en los hechos- se desentiende del fundamento desarrollado por los jueces de la causa".