La investigación por presuntas coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entra desde este martes en su etapa más determinante. Después de tres meses bajo secreto de sumario, la causa encabezada por el juez Sebastián Casanello avanza sobre una serie de indagatorias que buscan esclarecer si existió un entramado de pagos ilegales, direccionamiento de contrataciones y maniobras de blanqueo de fondos en un organismo que administra recursos destinados a personas con discapacidad.
El primero en declarar será el empresario Miguel Ángel Calvete, quien deberá presentarse este martes en los tribunales de Comodoro Py para responder por su presunta participación en las maniobras investigadas. Al día siguiente, el miércoles, será el turno de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia y considerado por los investigadores como el presunto jefe del esquema.
Las citaciones alcanzan a 15 personas, entre ellas exfuncionarios, empresarios vinculados a droguerías, prestadores médicos y operadores técnicos. Según surge del expediente, el presunto circuito irregular habría funcionado entre julio de 2024 y agosto de 2025 y habría generado contratos con sobreprecios superiores a los $43.000 millones.
Uno de los datos más relevantes de esta etapa es el arresto de Pablo Atachabahian, urólogo y exfuncionario de la ANDIS, quien se negó a declarar ante el juez y quedó detenido con prisión domiciliaria. Su nombre aparece mencionado en los chats, comunicaciones internas y notas técnicas que forman parte del núcleo de pruebas recabadas.
Además, figuran en la causa otros exfuncionarios que habrían tenido roles clave: Daniel María Garbellini, ex número dos de la Agencia; Eduardo Nelio González, director nacional de Apoyo; y Lorena Di Giorno, integrante del área de Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia (PACBI).
La Justicia también puso la lupa sobre un grupo de operadores externos que habrían intervenido en la manipulación técnica del sistema informático utilizado para el manejo de contrataciones. Entre ellos aparece Luciana Ferrari, empleada del laboratorio Roche, quien según la investigación habría participado de manera irregular en gestiones para la Agencia a pedido de Atachabahian.
La trama se extiende además a vínculos entre la ANDIS y las droguerías New Farma y Floresta, cuyos presidentes, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta, mantienen una relación de pareja. A esto se suma la citación de Patricio Gustavo Rama, director suplente de New Farma, quien tenía lazos comerciales y personales con Calvete y Atachabahian.
El expediente también involucra a la novia de Calvete, Guadalupe Ariana Muñoz, señalada por mover el efectivo, y a otros dos acusados, Sergio Daniel Mastropietro y Alan Pocoví, quienes habrían trasladado dinero de origen ilícito usando firmas vinculadas a servicios de aviación privada, como Baires Jets S.A. y Baires Fly S.A.
