La Corte Suprema de Justicia autorizó la extradición de Federico Andrés “Fred” Machado a Estados Unidos, ratificando la decisión del Juzgado Federal N° 2 de Neuquén.
Con esta confirmación, el empresario argentino, vinculado al diputado José Luis Espert, podrá ser juzgado en Texas por delitos que incluyen asociación ilícita, narcotráfico, lavado de dinero y fraude electrónico, siempre y cuando el presidente Javier Milei dé la autorización final al proceso.
El fallo, firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sostiene que la solicitud estadounidense cumple con las normas internacionales de cooperación judicial y que los cargos imputados a Machado —cinco en total— están suficientemente respaldados.
Entre ellos se incluyen la participación en una organización criminal dedicada a la posesión y distribución de cocaína, complicidad en la importación ilegal de la droga, asociación ilícita para lavado de activos y conspiración para cometer fraude electrónico.
Durante el trámite judicial, la defensa de Machado, representada por los abogados Norberto F. Oneto y Roberto Rallin, presentó diversas objeciones. Alegó, entre otros puntos, la falta de “doble incriminación”, cuestionó la imparcialidad del juez federal ante el rechazo de pruebas y la negativa a su recusación, y denunció violaciones al principio de igualdad de armas, por la diferencia numérica entre los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y los defensores en el juicio. También cuestionó la constitucionalidad del artículo 30 de la ley 24.767 y planteó la aplicación del principio de “ne bis in idem”.
En su fallo, la Corte destacó que ninguno de los agravios presentados por la defensa pudo demostrar un perjuicio concreto para Machado. Según el tribunal, “más allá de la diferencia numérica alegada, la defensa no ha demostrado –ni se advierte– de qué modo ello pudo afectar los intereses concretos de Machado, o qué derechos se ha visto privado de ejercer por la situación que invoca”. Con esto, la Corte desestimó los planteos de la defensa y confirmó la sentencia de extradición.
Durante el proceso, la defensa también solicitó información sobre la situación procesal de la coimputada Kayleigh Moffett y su posible impacto en el pedido de extradición. La Corte remite a los informes de la justicia estadounidense, que detallan la condena de Moffett mediante acuerdo por algunos cargos y la de Debra Mercer Lynn Erwin tras juicio por varios delitos. La Embajada de Estados Unidos reiteró su interés en la extradición de Machado, lo que contribuyó a disipar los reparos planteados por su defensa.
Ahora, la decisión final sobre la entrega de Machado recae en el Poder Ejecutivo, conforme a la legislación argentina. Tras la firma del fallo, la Corte Suprema remitirá el expediente completo a la Cancillería, que deberá resolver en un plazo de diez días hábiles si concede o no la extradición.
La normativa permite al Gobierno denegar el pedido por “especiales razones de soberanía nacional, seguridad u orden público” u “otros intereses esenciales para la Argentina, que tornen inconveniente el acogimiento del pedido”.
Machado continúa bajo prisión domiciliaria en Argentina mientras se espera la definición del Ejecutivo. Su vinculación con Espert, quien recientemente renunció a su candidatura legislativa por La Libertad Avanza, surgió a partir de transferencias millonarias y vuelos en aviones privados que el empresario habría financiado durante la campaña presidencial de 2019.