El juez federal Sebastián Casanello avanza sobre las dos empresas investigadas por hacer facturas truchas al Polo Obrero, las que se cree se utilizaron para simular gastos y ocultar el destino final de los millones de pesos que la organización recibió como unidad de gestión del Potenciar Trabajo.
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El juez federal Sebastián Casanello avanza sobre las dos empresas investigadas por hacer facturas truchas al Polo Obrero, las que se cree se utilizaron para simular gastos y ocultar el destino final de los millones de pesos que la organización recibió como unidad de gestión del Potenciar Trabajo.
La Justicia ya tiene probado que de los $113 millones que el Polo Obrero recibió del exMinisterio de Desarrollo Social, $25 millones se desviaron a la imprenta Rumbos y a Coxtex S.A., que para la AFIP es una empresa que se creó con un único objetivo: hacer facturas truchas. Esta última compañía hizo en favor del PO recibos apócrifos por un total de $5 millones, los que se cree luego se ocultaron en otras tres empresas fantasmas.
Coxtex fue fundada en 2020 por Luis Alexander Pichuaga y Mariana Soledad Vega. Estas dos personas - a su vez- crearon en estos últimos años tres compañías más: Ciriano Shoes CRL; Recinsur S.A. y VSP Consulting S.A. El juzgado de Casanello cree que parte de los $5 millones que el Polo Obrero le envió a esta empresa, la que luego emitía facturas por servicios o elementos que no se prestaban o entregaban, terminaron en esas tres firmas apócrifas.
De esta manera, los investigadores siguen la pista de una serie de empresas truchas que se habrían utilizado para ocultar el destino final de la plata. Hay un dato que llama la atención de la Justicia: Coxtex se creó en 2020, mismo año en que el Polo Obrero comenzó a recibir millones de pesos del Potenciar Trabajo.
Ese dinero se debía destinar a la compra de herramientas, materiales de trabajo y vestimenta para los beneficiarios del programa. La Justicia encontró facturas a través de las que Coxtex supuestamente proveyó al Polo Obrero en el marco de estos convenios computadoras, parlamentes y softwares por un total de $5 millones. Los investigadores quieren saber ahora a dónde está esa plata que no terminó en los beneficiarios del Potenciar Trabajo.
La AFIP considera que Coxtex es una empresa apócrifa porque realiza multiactividades; tiene pocos empleados y no presenta finanzas que sustenten sus actividades, entre otras irregularidades.
La Justicia no descarta que Pichuaga y Vega, fundadores de Coxtex, sean titulares “falsos” de esta compañía, es decir, que en rigor ellos hayan firmado su fundación para ocultar a los verdaderos dueños. Un dato no menor es que en el allanamiento a la casa de Pichuaga, que es canadiense, el hombre soltó una frase inquietante: “Yo firmé en esa empresa porque otra persona me pagó”. Ahora la Justicia intenta determinar quién es esa persona.