La Cámara de Diputados de la Nación sancionó este miércoles la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, más conocidas como "paquete fiscal". Entre las medidas más destacadas se encuentra la reincorporación del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, que afecta a los trabajadores en relación de dependencia.
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La Cámara de Diputados de la Nación sancionó este miércoles la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, más conocidas como "paquete fiscal". Entre las medidas más destacadas se encuentra la reincorporación del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, que afecta a los trabajadores en relación de dependencia.
Principales cambios:
- Cambios en el mínimo no imponible: Se establece un mínimo no imponible de $1.800.000 brutos para los solteros y $2.200.000 para los casados con hijos. Esto significa que aquellos trabajadores que perciban ingresos por debajo de este monto no pagarán el impuesto.
- Nuevas alícuotas: Se establecen alícuotas progresivas que van del 5% al 35%. La alícuota más baja se aplica a la fracción de ganancias que se encuentra entre el mínimo no imponible y $2.300.000 brutos. A partir de allí, las alícuotas van aumentando gradualmente.
- Deducción especial: Se incorpora una deducción especial para que quede incorporado el aguinaldo al cálculo del impuesto.
- Aumento de las deducciones personales: Las deducciones personales se incrementan entre un 183,75% y un 186,65%.
¿Quiénes pagan?
Se estima que alrededor de 800.000 trabajadores volverán a pagar el Impuesto a las Ganancias como consecuencia de la sanción de esta ley.
El impacto de la nueva ley en el bolsillo de los trabajadores dependerá de su nivel de ingresos y de las deducciones que les correspondan. Se espera que los trabajadores con menores ingresos sean los más beneficiados por la medida.
La sanción de la ley ha generado diversas reacciones. Desde el oficialismo, se la califica como una medida necesaria para reducir el déficit fiscal y promover la equidad tributaria. Por su parte, la oposición critica la medida, argumentando que afectará el poder adquisitivo de los trabajadores.
