El juez federal Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tiene almacenados y disponga su inmediata distribución.
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El juez federal Sebastián Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, que informe qué cantidad de alimentos destinados a comedores sociales tiene almacenados y disponga su inmediata distribución.
La existencia de unas cinco mil toneladas de alimentos sin distribuir fue denunciada por una investigación periodística y luego presentada ante la Justicia .
El juez le encomendó al Ministerio de Capital Humano a que "elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas".
Casanello dispuso "librar una orden de presentación" (el aporte voluntario de documentación e información) "el detalle del stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán".
Ese informe "deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería".
Además, el juez pidió "los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha; los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación y/o documentación vinculada".
La orden tendrá efecto inmediato y "deberá diligenciarse por el personal del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina en la sede de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano".
Casanello dispuso que "una vez cumplida, deberá remitirse a esta dependencia la totalidad de la documentación recabada en formato digital al correo electrónico del juzgado".
La apelación
Desde la cartera que coordina Sandra Pettovello anunciaron que apelarán la resolución de la Justicia al argumentar que "no es una cuestión judicial sino que es una cuestión de política pública".
"De las 5 mil toneladas que se encuentran en los galpones, el 60%, más de 3 mil toneladas, corresponden a paquetes de yerba mate pertenecientes a una contratación irregular que realizó la gestión anterior y se encuentra bajo una auditoría", explicaron.