El juez federal Sebastián Casanello ordenó la indagatoria del dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, en la causa donde se investigan presuntas irregularidades en los comedores sociales. La audiencia tendrá lugar el 25 de junio.
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El juez federal Sebastián Casanello ordenó la indagatoria del dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, en la causa donde se investigan presuntas irregularidades en los comedores sociales. La audiencia tendrá lugar el 25 de junio.
Además, Casanello le ordenó al Ministerio de Capital Humano que se elabore un informe sobre todos los alimentos que están a la espera de ser distribuidos en comedores sociales, cuya existencia fue denunciada por una investigación periodística la semana pasada.
La denuncia impulsada por el Gobierno de Javier Milei reclama una auditoría sobre los recursos destinados a estos centros de asistencia.
La sospecha de la Justicia es que utilizaban el programa de ayuda social “con fines políticos-partidarios a través de sumar militancia y fondos a sus agrupaciones”.
Belliboni, dirigente del Polo Obrero, ha estado en conflicto con el Gobierno libertario por el manejo de los planes sociales y las protestas callejeras, en especial a partir de la creación del protocolo antipiquetes por parte del Ministerio de Seguridad.
Dos de los espacios piqueteros involucrados en la maniobra de posibles extorsiones y desvío de fondos recibieron cerca de 600 millones de pesos en el gobierno de Alberto Fernández para manejar partidas correspondientes al programa Potenciar Trabajo. Uno de ellos es el que responde a Belliboni.
Cabe destacar que el Gobierno se encuentra en el centro de la polémica tras la revelación periodística de que, en medio del recorte de fondos a comedores escolares, retuvo unas 5.000 toneladas de comida en sus depósitos.
Belliboni deberá declarar el 25 de junio a las 9 en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7, junto a otros citados a indagatoria que son 23 en total.
La nómina está formada además por otros dirigentes del Polo Obrero y dos grupos de personas asociadas bajo la Cooperativa Agustín Tosco y la Asociación Civil Caminos de Tiza.
Estas dos últimas agrupaciones, las indagatorias no integran la sospecha de la administración fraudulenta de los fondos, pero sí de extorsión y amenazas a los beneficiarios de planes.